PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
Según datos oficiales, la defraudación fiscal en México equivale al 2.8% del PIB.
Del 2014 a la fecha se emitieron 8.8 millones de facturas apócrifas en México, mismas que alcanzan una cifra estimada en ¡dos billones de pesos!.
Esta cantidad significa para México un quebranto financiero y pérdidas de hasta 510 mil millones de pesos al año, tan sólo en recaudación fiscal.
Parte de la reforma fiscal de México implica regular y sancionar cuentas en paraísos fiscales que redunden en evasión fiscal, como ya se hace en diversos países de América Latina, especialmente durante los últimos años a causa del escándalo que dejó la enrome evasión fiscal, con polémico caso ‘Panama Papers’.
Según cifras de la CEPAL, en América Latina se evade el 6.3% del PIB regional en paraísos fiscales.
En este contexto, en México se discute el dictamen que reforma cinco ordenamientos legales (Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y al Código Penal Federal) para elevar a rango de delincuencia organizada la defraudación fiscal en nuestro país.
Un delito que ameritará prisión preventiva oficiosa.
El dictamen prevé imponer sanción de cinco a ocho años de prisión a quien -por sí mismo o a través de otra persona- compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
La misma sanción se impondrá al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Se prevé además que, cuando tres o más personas se organicen para cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, sólo por ese hecho, serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada –lo que derivaría en prisión preventiva oficiosa–, siempre y cuando, el monto de la defraudación sume más de 7 millones 804 mil 230 pesos, es decir, “supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación’’.
Adicionalmente, cuando el delito de evasión sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión pública, además de la privación de la libertad.
Por otro lado, el gobierno federal debe ampliar la base de contribuyentes, toda vez que el 54% de la población económicamente activa hoy no paga impuestos.
Cada año se pierden otros 500 mil millones de pesos debido a esto, justo lo mismo que las arcas públicas dejan de recibir por defraudación fiscal [algo que realizan con peculiar frecuencia y eficiencia las personas de mayores ingresos y acaudaladas del país].
Al respecto, conviene destacar que México ocupa el último lugar de la OCDE en recaudación de impuestos: mientras la ingreso tributario promedió fue del 13.6 por ciento del PIB en México durante el periodo 2013-2017, entre los países miembros de la OCDE, el porcentaje fue de 33.4 por ciento.
Tan necesario es ampliar la base de contribuyentes (que más mexicanos paguen impuestos), como perseguir la evasión fiscal.
