PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
La ciudad resiente los efectos colaterales de una caótica obra pública, que afecta la calidad de vida de los habitantes.
El principal problema deriva de que se demoran sin control, mientras la ciudad se colapsa. Por esta razón, el 40 por ciento de las vialidades de la Zona Metropolitana están con problemas de congestión vehicular, a causa de las obras públicas que rezagan sin control ni penalización, en deterioro de la calidad del aire y de la vialidad.
Mientras que en 2007, la velocidad promedio de desplazamiento de los vehículos de motor en la ciudad fue de 26 kilómetros por hora, en el año anterior apenas alcanzó los 22 kilómetros.
Las causas: el aumento del parque vehicular y las obras siempre demoradas que se ejecutan en la metrópoli.
Todo esto provoca mayor tiempo en los traslados, más consumo de gasolina y mayor contaminación.
De acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (2019), 64 de los 125 municipios jaliscienses incumplen con la obligación de publicar y transparentar la información relacionada con la obra pública [adjudicaciones, adquisiciones, proyectos de inversión y prestación de servicios].
En tanto que los 61 municipios restantes, que representan 48.8 por ciento del total, acusan incumplimientos por no tener la información completa, ni actualizada con los tres años que estipula la ley de transparencia.
La ‘Refundación de Jalisco’, debe trabajar en erradicar el paradigma tradicional de ejecución de la obra pública.
Primero, la obra mal hecha. Es bien sabido que es justo al gobierno, a quien se le vende deliberadamente ‘caro y malo’; además, sin ninguna consecuencia.
Esto ocurre debido a que las ‘gratificaciones’ que reciben los funcionarios, no les deja calidad moral para exigir calidad en la ejecución de las obras, al someterse a relaciones de complicidad.
Segundo, obras a sobreprecio. Estas pueden llegar a costar el doble de lo proyectado, sin mayor consecuencia para el constructor.
De forma que las licitaciones, cuando existen, no tiene razón de ser; pues el ganador -por precio- de una licitación, puede incluso duplicar el precio final de la obra, sin ninguna responsabilidad o sanción; obvio, en complicidad con el gobierno.
Esto constituye una trampa para la licitación, pues los precios contratados nunca son los precios finalmente pagados.
El caso de la Línea 3 del tren ligero es un elocuente ejemplo de una diferencia radical entre lo proyectado y lo finalmente invertido.
Tercero. Invariablemente, las obras contratadas por el gobierno, son entregadas a destiempo. Se llegan a extender el doble o el triple del tiempo estimado, causan molestias a la sociedad, alteran el trafico vehicular, son causantes del aumento exponencial de la contaminación y ocasionan enormes daños a los comercios establecidos.
Aunque se trata de una obra pública, pagada con el dinero de los impuestos, absolutamente nadie responde por los tiempos extendidos que causan cientos de millones de pesos en daños y perjuicios.
Los contratos de obra deben ser rigurosos con los tiempos de ejecución, y estrictos con la penalización que se debe aplicar por demoras, contaminación y daños a terceros.
