Por Eugenia Barajas
Porqué las acciones no encuadraban en el delito de abuso de autoridad a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Juez de Distrito que lleva el caso del exdiputado destituido, Gustavo Macías Zambrano cambió la falta por desobediencia, lo que implica un castigo menos severo.
Meses atrás, el 19 de abril de este año, la SCJN determinó, en un hecho histórico a nivel nacional, destituir al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, el diputado panista, Gustavo Macías por desacato, al no obedecer la suspensión de una sesión del pleno donde se eligió a Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
El Congreso estatal y Gustavo Macías no cumplieron con esta orden, el 23 de agosto del 2011.
El panista se defendió y dijo que la notificación de la Corte sobre suspender los nombramientos nunca llegó.
Los Ministros de la SCJN y luego de cuatro sesiones, se basaron en el artículo 107 de la Constitución Mexicana que dice que “la autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionado penalmente”, por tanto la orden de su proceso se derivó a un Juez de Distrito en el estado de Jalisco.
Los 10 ministros que votaron en favor de la consignación inmediata sostuvieron que Macías tendría las garantías de seguridad jurídicas para defenderse durante el proceso penal, y en su caso, probar que hay atenuantes que pueden dar lugar a la pena más baja posible o incluso una absolución.
Los abogados cercanos al diputado y que llevan el caso informaron que se encuentran en la etapa de la presentación y desahogo de pruebas.
Pero lo interesante es que los Ministros destituyeron al diputado por abuso de autoridad y por ese delito fue consignado, sin embargo al llegar el caso al Juez de Distrito varió el delito, porqué no había elementos jurídicos para encuadrarlo en esa violación de abuso de autoridad y se conmutó el delito a juzgar por desobediencia, pero con sanción de abuso de autoridad.
La fianza alcanzó los 80 mil pesos y la pena mínima podría ser de un año de cárcel e igual de inhabilitación para cargo público, pero podría ser conmutada por una sanción pecuniaria.
