DIVISADERO
Eduardo González
Esta semana la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Estados Unidos se negó a bloquear el fallo de un tribunal menor que ordenaba al gobierno de Joe Biden reinstaurar el programa Protocolos de Protección al Migrante (PPM), conocido como “Quédate en México”, establecido de manera unilateral por Donald Trump en diciembre de 2018, y mediante el cual, las personas migrantes centroamericanas o de otro país que solicitan asilo en la frontera sur de la Unión Americana deben esperar su respuesta en territorio mexicano.
El juez de distrito, Matthew Kacsmaryk, dictaminó a principios de agosto que la administración Biden no proporcionó una razón adecuada para deshacerse del programa, por lo tanto, es necesario restaurarlo (La Opinión, 24 de agosto de 2021).
El fallo de la SCJ obliga al Departamento de Seguridad Interna norteamericano a reiniciar las expulsiones de migrantes en un plazo no mayor a siete días. Con ello, la realidad de los migrantes regresa al escenario anterior a la llagada de Biden a la Casa Blanca.
En tanto, los arrestos de “indocumentados” continúan en la frontera sur del vecino país del norte alcanzando niveles máximos en las últimas dos décadas, solo en julio pasado intentaron cruzar, pero fueron detenidas, más de 212 mil personas, la mayor cantidad desde al menos 21 años.
Frente a esa realidad, demócratas y republicanos se culpan insistentemente: los primeros, achacan la realidad a las políticas antinmigrantes de Trump; y los segundos, a la suspensión de esas políticas por parte del presidente Biden.
Por vía de mientras, la Guardia Nacional de Texas ha comenzado un amplio despliegue de elementos para colaborar con la Patrulla Fronteriza en las detenciones de migrantes “ilegales”.
Mientras tanto, los migrantes continúan hacinándose en varias de nuestras ciudades en la frontera norte. Al menos son 72 mil personas que esperan ingresar a Estados Unidos, la mayoría de ellas han solicitado asilo en ese país.
Un reporte de Human Rights First, elaborado con datos de la organización Al Otro Lado, hace hincapié en las peligrosas condiciones de vida que experimentan estos migrantes. Refieren que ha habido más de 6 mil 356 secuestros, agresiones sexualmente, tráfico y trata de personas, asaltos armados y ataques físicos.
El informe asegura que 83% de los migrantes varados han sido objetos de alguna agresión La Opinión, 24 de agosto de 2021).
De cara a este escenario, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuevamente le da la espalda al asunto. Únicamente propone la instalación de un “diálogo técnico” (lo que eso signifique) con Washington para “evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios”.
Insiste que el fallo de la SCJ “no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México”.
Por supuesto que la orden de la SCJ sí afecta nuestra política migratoria. Nuestro país, a menos que se niegue a colaborar, seguir recibiendo a miles de migrantes que esperan respuesta a su petición de asilo en la Unión Americana. Esta situación nos vuelve a colocar de facto como Tercer País Seguro.
Hoy, como en tiempos de Donald Trump, México tiene la posibilidad de negarse a participar de nueva cuenta en esa política migratoria.
Esperemos que el gobierno de la 4T de muestras de independencia con respecto a la Casa Blanca y se decida, de una vez por todas, a establecer una política migratoria propia y no una apegada a los designios del gobierno estadunidense.
Profesor-investigador del Depto. de Relaciones Internacionales, región occidente. Tec de Monterrey.
@contodoytriques
