DIVISADERO
Eduardo González Velázquez
La rabia y la desesperanza, a consecuencia de los altos niveles de empobrecimiento de la sociedad producto de la pandemia del covid19 y de una sucesión de políticas públicas destinadas a expoliar hasta el último centavo de la población, lanzaron a miles de colombianos a las calles para exigirle al gobierno de Iván Duque el cese de esas políticas y la puesta en marcha de programas sociales que ayuden a salir adelante a la gente.
En este sentido, las manifestaciones callejeras no solo son fruto de la reforma tributaria propuesta por el presidente Duque, sino que se inscriben en un contexto histórico donde las personas han visto disminuir considerablemente su nivel de vida, y, por ende, la posibilidad de la movilidad social ascendente, sea mediante un empleo, cada vez más escaso, o el acceso a la educación.
Según cifras oficiales, en el país sudamericano 21.2 millones de personas carecen de medios para satisfacer sus necesidades básicas y 7.4 millones subsisten en pobreza extrema. El Producto Interno Bruto (PIB) del país cayó 6.8% en 2020 y el desempleo aumentó a 16.8% en marzo.
Frente a esta dura realidad, el gobierno colombiano no tuvo mejor opción que lanzar una reforma tributaria para tapar los boquetes financieros estatales intentando exprimir los pocos recursos que le quedan a la gente.
Los principales puntos de la reforma eran aumentar el IVA a bienes y servicios, así como ampliar la base de contribuyentes con el impuesto sobre la renta. La idea era subir el IVA a 19% a la mayoría de los productos de la canasta básica, al gas, teléfono y electricidad; incrementar el costo de la gasolina, asimismo recortes al gasto social; congelar por cinco años los salarios de la administración pública; y otorgar facultades extraordinarias por seis meses al presidente para enajenar, restructurar o fundir entidades y empresas del Estado.
Con ello, se buscaba transferir a las clases medias y medias bajas el costo de los programas sociales y de las medidas de mitigación de la pandemia, sin tocar las grandes fortunas y negocios de una oligarquía que cada día se enriquece más. El proyecto pretendía recaudar seis mil 300 millones de dólares entre 2022 y 2031.
La reacción de la población no se hizo esperar. Tomaron las calles exigiendo la cancelación del proyecto fiscal.
El gobierno no pareció entender el mensaje y la desesperanza de la población y arremetió contra ellos con la descalificación y la represión policiaca y militar.
El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los manifestantes son financiados y organizados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional
La represión ha ocasionado la muerte de al menos tres decenas de personas, casi mil 500 heridos y varias mujeres abusadas sexualmente.
Acorralado por las movilizaciones y las críticas internacionales, Iván Duque retiró la propuesta de reforma tributaria. ¿Por qué esperar la reacción de la gente, la violencia del Estado, las decenas de víctimas mortales y los cientos de heridos antes de cancelar el proyecto fiscal?
Siempre sucede lo mismo: los gobiernos estiran la liga hasta que se rompe. Aun así, en Colombia el presidente no ha entendido lo que está sucediendo y amenaza con decretar el estado de conmoción interior para poner fin a las manifestaciones sociales.
No cabe duda que el gobierno de Iván Duque no aprende de la historia y se vuelve a equivocar.
Profesor-investigador del Depto. de Relaciones Internacionales, región occidente. Tec de Monterrey.
@contodoytriques
1 comentario
Excelente análisis de la triste situación que se vive en Colombia. Ojalá el presidente emabra los ojos y encuentre una forma de corregir la situación económica del país, sin vulnerar a las clases media y baja o que por lo menos éstas no sean las más afectadas.