PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
Despilfarro, opacidad y clientelismo, marcaron primer año de AMLO Verónica Juárez Piña
Según lo que se desprende de la tercera entrega correspondiente al Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública para 2019, el primer año de gobierno de López Obrador se caracterizó por el despilfarro, la opacidad y el clientelismo. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron irregularidades en el gasto por 67 mil 498.4 millones de pesos.
De manera particular se encontraron anomalías en las dependencias que operan la mayor parte de los programas sociales que ha puesto en marcha este gobierno. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por 4 mil 576.0 millones de pesos, y en la de Bienestar con 3 mil 392 millones de pesos.
Adicionalmente, el Auditor Superior hace señalamientos importantes sobre la calidad y transparencia de los Principales Programas Sociales, como por ejemplo con relación al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Respecto al Tren Maya, la ASF detectó que en 2019, ni FONATUR ni Fonatur Tren Maya (FTM) acreditaron contar con un proyecto ejecutivo ni un modelo financiero con el fin de identificar el esquema de financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar para el Proyecto Tren Maya.
Estas observaciones se suman a las de entregas anteriores donde ya se habían detectado irregularidades en el Sector Salud y en la CFE y Pemex.
Según la ASF, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, costará al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, lo que representa un incremento de 231% respecto a lo estimado por el Gobierno federal, y el 25% del incremento de la deuda del país durante el 2020.
El gobierno había considerado una estimación de 100 mil millones de pesos ya que la dependencia consideró sólo la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados.
Ante el informe de la ASF, particularmente en lo que tiene que ver con el gasto de la cancelación del NAIM, López Obrador, como es su costumbre, negó el sobre pago, dijo tener “otros datos” y emplazó al Auditor Superior a precisar la información.
Frente a las presiones del Ejecutivo Federal, la Auditoría se retractó e indicó que hay inconsistencias en el cálculo realizado durante la revisión de la cancelación del NAIM y anunció una revisión exhaustiva.
Este hecho sin duda es inédito. En principio porque López Obrador utiliza su cargo para presionar y obligar a retractarse a un órgano de fiscalización que no depende del Ejecutivo Federal, sino del Poder Legislativo.
El Presidente pretende ignorar que la fiscalización de la cuenta pública es una de las funciones exclusivas de la Cámara de Diputados que se ejerce a través de la ASF, con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajustó a las disposiciones normativas aplicables y constatar la consecución de los objetivos de los programas de gobierno.
Si procede alguna precisión, la ASF la tiene que hacer ante el órgano competente de la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Lo cierto es que aunque haya supuestas imprecisiones sobre el gasto erogado en la cancelación del NAIM, ello no exime al Gobierno Federal de su responsabilidad de aclarar otras múltiples irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos durante 2019.
Si hay observaciones, se tienen que subsanar, lo que no se puede permitir es que el Ejecutivo Federal violente la división de poderes, vulnere a los órganos autónomos, y con el pretexto de que él tiene “otros datos”, maneje los recursos públicos de manera discrecional, con opacidad y para otros fines ajenos al interés público.
