Consulta contra expresidentes, pretexto para un linchamiento público con fines políticos

PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña

El presidente de la República no tiene ningún impedimento para proceder legalmente contra los expresidentes de la República en caso de que tuviera evidencias de que cometieron un delito; pero en realidad lo que busca con la consulta pública es un linchamiento público con fines políticos.

El Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República una petición de consulta popular a fin de preguntar a las y los ciudadanos si están de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones.

Para sustentar la solicitud de consulta popular, el titular del Ejecutivo acusó que “entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional…”

Sin embargo, la consulta no es requisito previo para que se inicien los procedimientos legales. Si el presidente tiene alguna prueba de la responsabilidad específica de algunos de los exmandatarios que señala en estos supuestos delitos, puede, y debe, presentar las denuncias correspondientes.

El derecho de acceso a la justicia debe ser para todas y todos. Si los delitos existen, las y los mexicanos tenemos derecho a que se procese a los expresidentes, independientemente de la consulta.

Sin embargo, es claro que la consulta no tiene fines legales, sino políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se tendrá que pronunciar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, pero es evidente que ésta no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Constitución de la República. Luego entonces es una simulación más del presidente.

Desde el Grupo Parlamentario del PRD hacemos un llamado al Jefe del Ejecutivo a que si tiene elementos de que los expresidentes cometieron un delito, presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, que deje que la Fiscalía desahogue el proceso y que él, como presidente de la República se ponga realmente a gobernar, que son muchos los graves problemas por los que atraviesa el país y las y los mexicanos demandan respuestas efectivas y prontas.

Coordinadora del GPPRD en el Congreso de la Unión

@juarezvero

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