HACIENDO ADOBES/Miguel Zárate
Las cifras no ofrecen un panorama alentador. En Jalisco la pandemia ya ha costado más de dos mil vidas y aún los indicadores son preocupantes, especialmente en cuanto a letalidad.
Sin embargo, hay bases para pensar que puede frenarse de manera importante la cadena de contagios si, además de la coparticipación ciudadana, el gobierno deja de desfondar sus propias medidas y si, sobre todo, hace cumplir las disposiciones sanitarias en los puntos críticos.
De los tres principales ámbitos en que se contrae el virus, dos de ellos son casi incontrolables, los hospitales y el propio hogar, pero el otro, tal vez el más relevante socialmente hablando, es el del transporte público.
Aquí, definitivamente, la autoridad ha fallado, si no es que, como ha sucedido toda la vida, los permisionarios se salen con la suya puesto que solo siguen la norma de que mientras menos unidades circulen y más llenas, las ganancias serán mayores.
Así ha sido siempre y de ahí parten todos los demás problemas generados en un sistema que apenas balbucea en nuevos mecanismos innovadores (el prepago, uno de ellos) pero que no ha sido capaz de corregir otros aspectos de fondo.
Ante una epidemia que exige sanas distancias, limpieza a fondo, obligación de portar cubrebocas, etcétera, parece lógico que se convierten los camiones en centros de contagio difíciles de evitar para una población que, por extrema necesidad, debe utilizarlos diariamente.
De por sí el área metropolitana mantiene un rezago en camiones que la ubica en el sitio 27 de ese servicio a nivel nacional, o única salida posible es lo que tanto se trata de impedir: el hacinamiento.
Hay que ver con objetividad que de hecho el usuario tiene su responsabilidad (viajar a sabiendas de tener síntomas, por ejemplo, no usar cubrebocas y otros más), pero la principal sigue recayendo en una autoridad -sea la Setran, Salud, etcétera-, que distan mucho de cumplir sus deberes e imponer las normas.
No es raro que así suceda ya que sanciones y multas son recursos poco empleados y por lo visto casi inútiles, mientras que los transportes, inclusive los de las empresas oficiales, incumplen con lo establecido por el propio gobierno en cuanto a reorganización de rutas, horarios, aforos máximos y exigencia de los cubrebocas, entre otros.
Al público no le queda alternativa. Se sube al camión esté como esté, o simplemente se queda, sabiendo que ello implica una serie de riesgos inevitables como tocar superficies contaminadas y personas posiblemente enfermas, que no vienen protegidas, que no guardan distancias, que tosen o estornudan “sin etiqueta”, etcétera.
Anuncios se han hecho muchos de las medidas a adoptar, pero, la verdad, no hay aún una campaña real informativa, que nos diga claramente qué hay que hacer sector por sector de la población.
Ha hecho falta seguimiento y voluntad para informar y hacer cumplir, o sencillamente es otro tema de tolerancia con visos de impunidad para los transportistas y de irresponsabilidad en las áreas competentes del gobierno.
De hecho, los regidores de Acción Nacional en municipios conurbados de Guadalajara formalizamos ya una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la Secretaría de Transporte del Estado en la que se exponen -una a una- las fallas negligentes en el servicio fundamental, sin que se tenga una respuesta clara y contundente y, en cambio, se siga pretendiendo cargar al ciudadano de culpas que no le corresponden.
Hace apenas unas semanas se lanzó una fuerte e interesante campaña de concientización para el correcto uso del cubrebocas y está visto que falta mucho por recorrer para alcanzar la reactivación y normalización de actividades pero resulta incomprensible que, a la vez que se anuncia la próxima reapertura de bares, se soslayen aspectos que, como el transporte público, entrañan lo más cercano, urgente y necesario para una ciudadanía otra vez relegada y que no cuenta con la suficiente protección que deben otorgarle sus autoridades.
