HABLEMOS DE DERECHOS/Salvador Romero
Nuestra Constitución Federal tiene garantizado -desde su expedición en 1917- el derecho a la privacidad, originalmente establecido en su concepción más básica, como la prohibición de ser molestados en nuestra persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin un mandamiento de autoridad, debidamente fundado y motivado, que así lo justificare.
Mucho más recientemente, en 2009, se incorporó también un derecho humano de nueva generación, “hijo” del derecho a la privacidad, denominado “a la protección de datos personales”, mismo que a su vez se encuentra dividido en dos partes: en posesión de particulares y en posesión de autoridades.
Para garantizar la protección del derecho a la protección de datos personales (derecho indispensable en la actualidad para gozar de privacidad), se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que tiene la responsabilidad de vigilar y proteger cualquier violación a dicho derecho cometida por particulares o por autoridades federales.
Respecto de los datos personales en posesión de autoridades estatales o municipales, se dispuso que los organismos garantes estatales en materia de transparencia –como el ITEI- asumieran dicha responsabilidad.
En ese sentido, todas esas molestas e incómodas llamadas telefónicas que recibimos recurrentemente (ahora en esta pandemia incluso con más frecuencia) ofreciéndonos productos, servicios y/o información que no pedimos (y que casi nunca necesitamos) y que desde luego violan nuestra privacidad y comodidad, suelen ser consecuencia de la ilegal transferencia de nuestros datos personales en poder de un particular o de una autoridad, hacia un tercero no autorizado por nosotros para recibirlos ni utilizarlos y, para lo cual, es necesario realizar una denuncia ante el INAI, vía correo electrónico (denuncia@inai.org.mx) o por la Plataforma Nacional de Transparencia.
Sin embargo, lamentablemente también es muy probable que esas transferencias de nuestros datos personales hayan sido perfectamente legales y autorizadas por nosotros mismos, toda vez que cada vez que alguien nos pide algún dato personal -como nuestro nombre, domicilio, teléfono o correo electrónico, por ejemplo- está obligado a mostrarnos un documento llamado “aviso de privacidad”, en el cual se debe especificar con claridad cuál es el objeto para el cual se están requiriendo o recabando nuestros datos (la finalidad).
También establecer cuál es el tratamiento que se compromete a darle a nuestros datos, (incluyendo el plazo que planea poseerlos), así como las posibles transferencias a terceros que pudiera hacer de ellos y el objeto de las mismas (¿a quiénes y para qué?).
También se debe especificar cómo podemos acceder a nuestros datos personales, revisarlos y, en su caso, pedir que se modifiquen, se dejen de publicar o incluso se borren completamente de las bases de datos de una determinada empresa o autoridad (derechos ARCO).
Ese importante “aviso de privacidad” suele estar incorporado al paquete de contratos, políticas o autorizaciones que firmamos o avalamos (física o electrónicamente) casi siempre sin leer ni revisar, como cuando nos hospedamos en un hotel, abrimos una cuenta bancaria, tramitamos un pasaporte y hasta cuando descargamos una aplicación en nuestro teléfono celular.
Por consecuencia, aunque muchas veces dichas transferencias sean ilegítimas (porque nunca tuvimos una intención real de autorizar ese tratamiento de nuestros datos), son legales por el hecho de que nosotros las autorizamos, sin que ello signifique que no podamos exigir a dicha empresa o autoridad que suspenda o cancele el uso de nuestros datos.
Para ello, las recomendaciones que hago son:
1. Nunca entregues datos personales que no consideres necesarios para recibir un determinado servicio (una tintorería no necesita saber tu tipo de sangre, por ejemplo). 2.
Nunca autorices transferencias a terceros.
3. Nunca entregues datos personales a nadie, a menos que confíes plenamente en quien los está recibiendo.
4. Cuando recibas una llamada no solicitada, pregunta “¿en dónde obtuviste mi nombre y teléfono? y ¿qué empresa o institución representas?”, para poder hacer la solicitud de cancelación o la denuncia correspondiente.
