PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
La Fiscalía Estatal de Jalisco informó que se cumplimentó una orden de aprehensión otorgada por el Juez Décimo Tercero de lo Criminal, en contra de «Antonio ‘N.’».
El acusado ha sido regidor suplente en Guadalajara (1992-1995). Secretario de Capacitación del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (1993-1996). Secretario general de CDE del PAN en dos ocasiones (1996-1999 y 1999-2002), durante las dirigencias de Herbert Taylor Arthur y Emilio González Márquez.
En 1998 fue electo diputado local. En las elecciones federales de 2000, resultó electo diputado federal para la LVIII Legislatura (2000-2003). Llegó a la Presidencia del CDE del PAN (2002-2005).
Se desempeñó como secretario particular de Emilio González Márquez (2007- 2010); y posteriormente, asumió la Secretaría de Educación Jalisco (2010-2013).
Ahora bien, ¿cuál es el contexto de la denuncia? La querella contra los probables ex funcionarios responsables, fue presentada el 29 de mayo de 2016 por la contralora Teresa Brito, poco después de que ésta resultara designada por el Congreso del Estado de Jalisco el 28 de abril de 2016.
Circunstancia que deviene del hecho de que fue precisamente el ex contralor, Juan José Bañuelos Guardado, quien integró el expediente ante las irregularidades detectadas en la operación de compra-venta del inmueble.
De acuerdo con Jaltrade, el costo total de la oficina de representación de Jalisco en Estados Unidos fue de 65.5 millones pesos.
Por el costo del predio, se pagaron 47 millones de pesos, aunque adicionalmente se invirtieron alrededor de 17 millones de pesos en remodelación-adecuaciones y 1.5 millones de pesos en equipamiento.
Anualmente se le destinan en promedio 7 millones de pesos para la operación. En la compra, realizada en 2009, intervinieron las secretarías de Administración, de Finanzas y el Jaltrade.
En la denuncia, que fue ratificada el 20 de junio de 2016 por la Contraloría [Averiguación Previa 1958/2016], los funcionarios del gobierno de Emilio González Márquez habrían incurrido en responsabilidad, al pagar un inmueble de casi 1.7 millones de dólares, en 3.5 millones de dólares, sin mediar un avalúo o valoración a que estaban obligados.
El objeto del Gobierno de Jalisco, a través de la Contraloría, pretendió probar las omisiones de los acusados, lo que se constituiría así en probables delitos de peculado, así como desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en el ejercicio del servicio público.
Específicamente, Jaltrade nunca aportó un estudio de mercado o avalúo que justificara pagar 3.5 millones de dólares.
Así, la Contraloría exhibió un “informe confidencial de avalúo” que realizó el perito oficial Appraisal Research Counselors, con fecha del 9 de enero de 2009 dirigido al Jaltrade, donde advertía que la finca entonces a adquirir, localizada en el 1600 West Lake Street, Melrose Park Illionis, Chicago, valía un millón 690 mil dólares.
Cinco años después, no obstante, la misma consultora oficial, señaló un valor de un millón 790 mil dólares. Por supuesto que aquí hubo un fraude; eso sí, uno pequeño en comparación con los grandes atracos cometidos en el sexenio de la corrupción…
