PERSPECTIVA21/ Verónica Juárez Piña
El Grupo Parlamentario del PRD presentó en la Cámara de Diputados una demanda de Juicio Político contra las y los diputados de Baja California que aprobaron la reforma a la constitución local para ampliar de 2 a 5 años la gestión de Jaime Bonilla.
En el mismo sentido, el miércoles anterior, las y los diputados perredistas presentamos ante la Comisión Permanente una petición al Senado de la República para que se declaren desaparecidos los poderes del Estado Libre y Soberano de Baja California, en virtud de que dicha reforma quebranta los principios del régimen federal.
Para tal efecto, adicionalmente, el GPPRD solicitó a la Permanente convoque a la Cámara de Diputados a un tercer periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura.
Igualmente, junto con diputados del PAN, MC, y Morena, promovimos un Punto de Acuerdo ante dicha Comisión solicitando al Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, no publique la reforma citada que aprobaron los congresistas de la localidad.
El mismo miércoles, el Grupo Parlamentario firmó el pronunciamiento aprobado por el pleno de la Comisión Permanente, que sostiene que la reforma en comento es violatoria de los principios constitucionales de certeza jurídica, definitividad de los actos electorales y contraviene el pacto federal.
El pronunciamiento se manifestó en contra de la aprobación del Decreto número 112, de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado el 8 de julio de 2019, mediante el cual se pretende ampliar el periodo de ejercicio del Ejecutivo Estatal a partir del 1° de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2024.
Y exhortó al Congreso y a los Ayuntamientos del Estado de Baja California, a dejar sin efecto el Decreto número 112… y en consecuencia realice las acciones correspondientes, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano de Baja California, para garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal.
De tal manera la solicitud del Juicio Político contra las diputadas y diputados de la XXII Legislatura de Baja California que avalaron la reforma para ampliar la gestión de Bonilla, ya está en marcha.
Los actos y omisiones que se les imputan constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de su empleo como servidores públicos.
La Ley Bonilla no pasará. Desde el Congreso de la Unión no permitiremos se viole la Constitución de la República, el Pacto Federal, los principios de la democracia y, sobre todo, la voluntad de las y los ciudadanos de Baja California que ya han manifestado que de ninguna manera están de acuerdo que Bonilla gobierne más de los dos años para los que fue electo.
Mal hace el Presidente de la República en no manifestarse de manera firme y contundente contra esta intentona de un gobernador electo de su partido de ampliar su mandato de manera ilegal. Sus evasivas son un mal precedente. ¿Dónde quedó su consigna de “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie»?
