DIVISADERO/Eduardo González
La violencia que recorre por doquier la República Mexicana ha sumido en la zozobra, la desesperanza y el temor a los habitantes del país. La cotidianidad de los actos violentos, las balaceras, levantones, secuestros, torturas, inundan los espacios públicos sin distingo de ningún tipo.
La violencia e inseguridad en México se han convertido en una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los millones de personas que habitamos este país.
Lo más violento de la violencia es la indiferencia y normalización de estos hechos por parte de millones de ciudadanos, además de la corrupción e impunidad de las autoridades.
A no dudar, no solo hemos perdido la capacidad de asombro, sino que hemos alcanzado altísimos niveles de insensibilización social frente a la tragedia nacional de la inseguridad.
Si bien, la violencia afecta a la población en su conjunto, hoy me quiero referir a la violencia sufrida por los periodistas a consecuencia de su trabajo profesional.
Aunque se ha machacado hasta la saciedad que una sociedad que no garantiza la libertad de expresión y otorga seguridad a sus periodistas para que investiguen e informen de lo que va día a día, no logra alcanzar adecuados niveles de democracia, en México todo ello se vuelve letra muerta.
Muerta como las decenas de periodistas asesinadas por cumplir su trabajo.
Hace muchos años que México se ha instalado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina.
No obstante las recurrentes recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno mexicano haga lo necesario para garantizar la seguridad de los periodistas, las violentas condiciones en las que se ejerce esa profesión continúan empeorando, sin dar señales de alguna mejoría.
Las cifras de la ignominia hablan solas: del 2000 a la fecha han sido asesinados 123 periodistas y 20 desaparecieron.
El último de los periodistas asesinados fue la compañera, Miroslava Breach Velducea, corresponsal en Chihuahua del diario La Jornada.
En los últimos treinta días también fueron ultimados Cecilio Pineda, en el municipio de Pungarabato, Guerrero; y Ricardo Monlui, en el municipio de Yanga, Veracruz.
Es de llamar la atención que la violencia hacia los periodistas no se circunscribe a entidades gobernadas por un mismo partido político, al contrario los estados donde han sido asesinados los últimos comunicadores son encabezados por diversos institutos políticos: Guerrero, por el PRI; Veracruz, por una alianza PAN-PRD, y Chihuahua, bajo administración panista.
Desde luego, no podemos afirmar que todas las agresiones hacia las periodistas vengan de las instituciones gubernamentales, pues la mayoría de ellas las realizan miembros del crimen organizado.
Lo que sí debemos exigir es que las autoridades hagan lo necesario para que cesen las agresiones hacia los periodistas, y para ello lo primero que tienen que hacer es combatir la corrupción e impunidad y evitar el maridaje entre algunos gobernantes y miembros del crimen organizado.
