PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres
A finales del mes de enero de 2017, varias asociaciones civiles, colectivos, organizaciones, ayuntamientos y la Procuraduría Social del Estado, entregaron ante el Poder Judicial Federal un amparo colectivo con el que se iniciaron acciones en defensa del Bosque Los Colomos.
Entonces se reunieron 22 mil firmas de ciudadanos indignados por la sistemática invasión de esa área natural protegida, que paradójicamente se ha mantenido, ¡muy desprotegida!
Posteriormente, el secretario general de gobierno y el fiscal general acudieron al Congreso del Estado para presentar una solicitud de declaratoria de procedencia de juicio penal, en contra del Magistrado del Tribunal de lo Administrativo, Alberto Barba Gómez, por autorizar un desarrollo inmobiliario en un predio del Bosque Los Colomos, cuando no se había acreditado legalmente la propiedad (al menos eso se dice).
Incluso, hace ya dos semanas se realizó un operativo con 70 elementos de la Fiscalía y retiraron mallas y bardas, así como a los «vigilantes» que cuidaban el predio que mantenían en posesión los desarrolladores. Finalmente la fuerza pública se hizo valer, en beneficio de la ciudad, para la recuperación de apenas una parte de lo que originalmente fue el Bosque de Los Colomos.
Ese espacio que poco a poco ha sido cercenado por los voraces desarrolladores, naturalmente con la complicidad comprada de los gobiernos en turno. Durante al menos 70 años, este espacio natural, pulmón de la ciudad, ha sido blanco de empresarios corruptos y de gobernantes cómplices para hacer negocios «al estilo Jalisco» (como en Chalacatepec, en las Villas Panamericanas, con el Disparate o en Iconia).
Esos dónde pierde deliberadamente el patrimonio público, para que ganen los empresarios que trafican con influencias.
Puede afirmarse que fue ésta una de las causas principales que llevaron a que el gobierno de Jalisco se sumara a las voces que exigen justicia en contra del Magistrado Alberto Barba, ese que dice usar el derecho para emitir toda clase de sentencias injustas, en perjuicio del interés público de la ciudad. Digamos que esta fue la gota que derramó el vaso.
Estas dos acciones sientan un importante precedente en contra de la corrupción, tal vez el único caso relevante en lo que va de estos cuatro años de este gobierno. Hay que destacar que nunca se había actuado contra los muchos invasores del Bosque Los Colomos, como tampoco en contra una autoridad judicial por colaborar con particulares para apropiarse de terrenos de esta área natural protegida.
Ahora corresponde al gobierno acreditar la propiedad del predio en disputa, y exhibir toda la información que respalda la acción que han tomado. Cabe destacar que esta acción se suma a otra similar que se emprendió en febrero del 2016, cuando el gobierno de Jalisco recuperó tres mil 500 metros cuadrados de un predio de los Colomos, denominado El Polvorín.
Si bien es plausible la actuación de la autoridad en este caso, esta es apenas la punta del iceberg. De lo que hoy queda como El Bosque Los Colomos, se han robado –así, literalmente- al menos otro tanto, en diversos momentos, y con gobernadores de distintos partidos. Muchos de los pomposos empresarios de Jalisco están embarrados en el trafique de escrituras falsas, notarios coludidos que las elaboraron y gobiernos municipales y estatales que lo han permitido, of course, mediante el respectivo soborno.
Hoy que los municipios de Zapopan, Guadalajara y el gobierno de Jalisco se han decidido a actuar, y que hay al menos 22 mil ciudadanos, colectivos, organizaciones y asociaciones civiles dispuestos a proteger –ahora sí– esta área natural, resulta muy oportuno abrir el debate sobre cuáles es la extensión real del Bosque Los Colomos, quiénes se han apropiado ilegalmente del predio, en qué momentos y con qué gobernantes de cómplices, qué notarios expidieron esas escrituras falsas, qué autoridades autorizaron permisos de construcción sobre un bien público, y cuántos más han caído en la trampa de comprar terrenos, con papeles chuecos, argumentando la compra «de buena fe» para «desarrollar» un espacio propiedad de la ciudad.
Ya se abrió la caja de pandora, veamos ahora cuántos salen embarrados.
