Alcaldes de Jalisco exigen no dar por cerrada la discusión del gasolinazo

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Alcaldes emeceistas de Jalisco presentaron este miércoles una controversia constitucional por inconsistencias  en el decreto que define los precios de la gasolina por regiones, y por la falta de las firmas de algunos funcionarios en el mismo, con lo que se espera pueda darse revés al incremento que la generado múltiples manifestaciones en todo el país exigieron a los legisladores federales  no dar por terminada  la discusión sobre el gasolinazo.

“Las instituciones públicas están podridas y necesitamos hacer conciencia de esto”, dijo el alcalde Enrique Alfaro en la reunión con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, para solicitar en voz de los jaliscienses un periodo extraordinario de sesiones para que se discuta el tema. “Estarían cometiendo un grave error si no se dan cuenta del sentir de los mexicanos en la Calle”, dijo.

“Traemos la voz de miles de jaliscienses que se han manifestado y venimos a pedir al Congreso que no permita que se cierre este tema. No gobernamos en una oficina aislada, nosotros sí vemos a la gente a los ojos y tenemos que darle explicaciones”, e  insistió en que es una mentira que no se pueda bajar el precio de la gasolina. “Hemos demostrado que se puede si reducimos el IEPS y podemos hacerlo sin comprometer recursos, porque hay una sobre recaudación en el impuesto a las gasolinas”.

Los alcaldes se reunieron más tarde con el secretario de Hacienda para plantearle las medidas que podrían ayudar a solucionar la crisis de los precios de los combustibles, así como una Controversia Constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se ponga fin a este injusto aumento.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, expresó que un grupo de alcaldes se dirigirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una Controversia Constitucional ya que la medida llevada a cabo no está dentro de la ley, pues según el artículo 12, la modificación de precios es una facultad del poder Legislativo, y según el artículo 92, el documento no está debidamente firmado por los Secretarios que debían hacerlo

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