POLÍTICA SIN ÉTICA/Jonadab Martínez
Los Diputados de Movimiento Ciudadano no vamos a dejar de señalar la falta de compromiso del PRI en cuanto al combate a la corrupción y a favor de la transparencia. No es un capricho de los ciudadanos, sino una necesidad de México.
Con la pasada aprobación del Artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la clase política perdió la oportunidad de responderle a la ciudadanía que exige la rendición de cuentas de los servidores públicos.
Especialmente el PRI, que por su opacidad y el castigo de su historia, ha sido señalado por la opinión pública; no entiende que no entiende que la ciudadanía exige transparencia y un alto total a la corrupción e impunidad.
De acuerdo a los cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la corrupción podría estarle costando a México cerca de 890 mil millones de pesos por año.
El capital perdido debido a la corrupción representa casi el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta cantidad es tres veces el presupuesto que tiene la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La espalda que le dio el PRI a los mexicanos que exigimos transparencia es lamentable, es el reflejo de una clase política que no entiende la necesidad de rendir cuentas y que incluso, en la mezquindad, busca venganza, con instrumentos como la 3de3 no sólo para empresarios, sino para toda persona física que reciba algún recurso público.
No hay ninguna justificación para estar en contra de un artículo de esa naturaleza y para dejar un “artículo tramposo”, el 29, para limitar la posibilidad de tener declaraciones de intereses públicas detalladas, a fin de exigir rendición de cuentas de los servidores públicos a la ciudadanía.
La “trampa” está en el “candado” de que a través del Comité de Participación Ciudadana se presenta la propuesta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que está integrado por las instituciones gubernamentales encargadas de combatir la corrupción.
Incongruente que dentro de esas instituciones este la Secretaría de la Función Pública, que hasta ahora solo ha servido para lavar la imagen y sepultar casos como la Casa Blanca o HIGA.
Ya no espero que el PRI recapacité, aún a pesar de que el Presidente de México vetó el Articulo 32, no el Articulo 29; sino que ahora es tiempo de que los mexicanos no olvidemos este capítulo de la historia, el día en que el PRI cerró la puerta a la transparencia.
Al tiempo.
