La violencia sexual es “una práctica rutinaria” en los arrestos a mujeres por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, pero “hay un casi nulo castigo” para estos crímenes, alerta hoy un informe de Amnistía Internacional (AI).
Para la realización del informe, la organización habló con 100 mujeres recluidas en prisiones federales, quienes en su totalidad dijeron haber sufrido acoso sexual o maltrato psicológico durante su detención o en las horas posteriores. Además, 72 de ellas afirmaron haber padecido abusos sexuales, y 33 de ellas haber sido violadas. Con cifras así, “no podemos sostener la hipótesis de unas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad de México”, señaló en entrevista con Efe Madeleine Penman, autora del informe.
El pasado abril se difundió en las redes sociales un video en el que se ve cómo miembros de las fuerzas federales torturan a una mujer, encañonándola y poniéndole una bolsa en la cabeza. La difusión del video llevó al secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, a pedir disculpas públicas en las que aseguró que la conducta de los militares ha de ser “intachable”. Sin embargo, los datos que proporciona Amnistía hacen ver que lo que este caso pone en evidencia está lejos de ser una conducta excepcional.
En el caso de la Marina, de los 10 casos descritos ocho incluyeron la violación, según las denuncias de las mujeres. Respecto a otras fuerzas de seguridad, los porcentajes rondan el 50 %, señaló Penman. Pero “cuando hablamos con las Fuerzas Armadas, el Ejército no nos pudo mencionar un solo soldado suspendido por abuso sexual o violación en estos años”, abundó. Los nombres de elementos llevados ante la justicia, enfatizó la investigadora, “son casi inexistentes”. Y desde 1991, sólo 15 casos de denuncia de tortura han terminado en sentencias condenatorias a nivel federal.
Otra de las conclusiones del reporte es que la estrategia de seguridad está basada en muchas ocasiones en “arrestos arbitrarios que suelen tener como blanco a las mujeres más marginales” y sin recursos, quienes muchas veces acaban sufriendo abusos y siendo prácticamente obligadas a firmar “confesiones” de los delitos.
