Los ocho grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados se diputan presidir las 56 comisiones legislativas, las cuales manejarían bolsas económicas que oscilan en promedio los 6.5 millones de pesos al año. Los presidentes de las comisiones reciben cada mes más de 438 mil pesos para gastos, recursos que pueden usar a discreción. Se les otorgan oficinas y asigna personal. Además, reciben vales de comida, gasolina, dos teléfonos celulares y un automóvil con chofer.
Entre las comisiones más importantes están Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Seguridad Pública, Defensa, Marina, Gobernación, Puntos Constitucionales, Justicia, Energía, Comunicaciones, Radio y Televisión, Desarrollo Social, Trabajo y Relaciones Exteriores. Según el reglamento interno del Congreso de la Unión, cada una de estas comisiones tiene la responsabilidad —por Ley— de analizar, discutir y emitir un dictamen sobre cada una de las iniciativas de reforma que llegan a San Lázaro.
Existen grupos de trabajo que analizan desde temas económicos, sociales, educación, cultura, deporte, derechos humanos, seguridad pública, gobernación, pesca, seguridad social, transporte, turismo, vivienda y transparencia, entre otros temas. Para garantizar que los legisladores federales operen estas comisiones, la Cámara de Diputados les proporciona “apoyos” extraordinarios, que van desde servicio de asesoría, edecanes, boletos de avión, automóvil, teléfonos celulares e, incluso, gasolina. Para estos “apoyos”, el Congreso de la Unión destina una suma de mil millones de pesos cada Legislatura (tres años).
La mayor parte de las comisiones las presiden los grupos mayoritarios representados en San Lázaro. En este caso, los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) se llevarán la mayor parte. A reserva de lo que pacten los líderes parlamentarios al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se espera que el PRI presida las comisiones relacionadas a la gobernabilidad del país, como la de Justicia, Marina, Defensa, Gobernación, Desarrollo Social y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, entre otras.
