LA MÉNDIGA OLIGARQUÍA/Esteban Garaiz
A toda vela va la competitividad política, con 10 grupos aspirando a los mismos puestos de poder. Serán puestos legal (y teóricamente) asignados por la ciudadanía soberana, a la que tratan de convencer.
Como en la competitividad de los machos animales, uno sólo ganará; otros quedarán mal-heridos lamiendo sus raspones y quebrantos; y algunos perecerán en el intento.
Una muy buena parte de los soberanos ya tiene decidido su voto.
Incluso muchos están resentidos, porque tienen la convicción de que en 2012 se les hizo trampa. Muy pocos confían en la imparcialidad del cuerpo arbitral, ni en el nivel federal, ni en el estatal.
Cada vez queda más claro, en medio de la formal multiplicidad, que no hay más que dos proyectos políticos reales: en el nivel nacional, en el estatal, también muchas veces en el municipal.
En los debates está clarísimo. También en las primeras planas de algunos periódicos. Sólo se habla de un candidato y de todos los demás en su contra. Lo demás son escaramuzas.
Las alianzas son ya bastante clarificantes. La coalición PRI-Verde pues ya está muy vista y a nadie le llama la atención: es la empresa PRI-vada. Otras, como la del PRD con el PAN, provocan asombro o diversión; y dejan muy claro su empeño común, contra quién pelean y de parte de quién.
En el viejo idioma castellano existía un dicho en referencia al juego de naipes; se llamaba “tres al mohíno”; o sea: tres confabulados contra el cuarto. Porque el tercero ya abandonó a su propio candidato para ir en contra del verdadero rival, al que todos temen y aborrecen.
Mientras tanto, tenemos una excelente noticia internacional, que afecta mucho más a los habitantes de Guadalajara, de Jalisco y del país entero; mucho, mucho más que las titularidades de los gobiernos municipales, e incluso de las legislaturas estatales y aun de la federal: las negociaciones secretas, secretas en las que está participando el gobierno de México en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, ATP.
Ahora resulta que no tienen la autorización senatorial ¡de los Estados Unidos! para irse por la vía corta: fast track. Divertida paradoja del Imperio.
Eso significa que todavía, todavía el gobierno federal mexicano no se compromete (porque ya sabemos que aquí el obsequioso Senado lo ratificaría de inmediato, como lo han hecho con todas las “reformas”, o sea los daños estructurales).
No se compromete a aceptar la pérdida de la soberanía del Poder Judicial; y a que cualquier empresa transnacional, sobre todo las extractivas de recursos naturales no renovables, como minerales o petróleo, pueda plantear sus reclamos ante tribunales extranacionales, según el Derecho Internacional Privado, y no según las leyes nacionales.
Y lo más grave: que ningún gobierno futuro mexicano pueda cancelar en lo sucesivo ninguna de las entreguistas concesiones hechas hasta por 50 años.
Igualmente, comprometerse a “derechos de autor”, o sea patentes que en nada benefician a los verdaderos autores, y que sólo sirven a los grandes poderes financieros que detentan las patentes, que ellos quieren que sean de cobertura internacional; son patentes que afectan la salud y la vida de los mexicanos, la biodiversidad natural de nuestro país, y siguen carcomiendo el principio central de la rectoría económica del Estado, hipotecando la vida nacional, no por años, sino por generaciones.
En cambio, a diferencia de esa política entreguista, sí defiende a brazo partido y esgrime contra viento y marea la soberanía nacional cuando se trata del inconcluso expediente de Ayotzinapa.
Dice Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que: “Ha sido muy clara la posición. Hay un proceso, tenemos nuestro propio procedimiento, nuestras leyes, y bajo esas normas nos vamos a seguir manejando en México”. Nada quiere Osorio de supervisión internacional sobre el respeto a los derechos humanos.
Es claro que este expediente de Ayotzinapa, que sigue políticamente vivo en el ámbito internacional para todos los defensores de derechos humanos del planeta, está, además, legalmente inconcluso. Por la sencilla razón de que sigue sin aclararse quién dio la orden al jefe y al subjefe de la policía municipal de desaparecer a los jóvenes normalistas, dado que ni el presidente municipal de Iguala ni su esposa lo han reconocido. La reserva sobre los implicados durará 12 años.
Una burla más.
