Comunidades indígenas de Puebla y Colima interpusieron demandas de amparo contra las concesiones mineras entregadas por el gobierno federal que contemplan sus tierras, debido a que éstas afectan sus derechos al territorio, al agua y a la consulta previa. Se trata de tres demandas de amparo presentadas por las comunidades de Zacualpan, en el municipio de Comala, en Colima; de Tecoltémic, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y del pueblo macehual altepetapianij de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, también en Puebla.
Las tres demandas, presentadas entre el 17 de marzo y el 7 de abril pasados, reclaman al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Economía (SE) por haber expedido diversos artículos de la Ley Minera y haber otorgado concesiones mineras que abarcan a esas comunidades y que contravienen derechos humanos reconocidos constitucionalmente y por preceptos internacionales.
Las tres demandas de amparo ya fueron admitidas por el Poder Judicial de la Federación, que ordenó la suspensión de las respectivas concesiones. Dichas suspensiones están en proceso, detallaron los abogados que acompañaron a los representantes de las comunidades en una conferencia de prensa, pero son de suma relevancia, pues significa que mientras duren los juicios de amparo las compañías que detentan las concesiones mineras no podrán realizar actividades de explotación.
Las comunidades afectadas reclaman la violación a los derechos de tierra y territorio, al agua y a la consulta, expuso la abogada Itzel Silva, integrante de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que acompaña legalmente los casos. Silva hizo énfasis en que hubo un incumplimiento del Estado mexicano a obtener el consentimiento de los pueblos indígenas para la implementación de los proyectos mineros, pues en ningún caso se llevó a cabo una consulta a las comunidades ni éstas dieron su permiso para el otorgamiento de las concesiones.
