PAN y PRD advierten acerca de “focos rojos”

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A nivel de gubernaturas, Guerrero y Michoacán son los dos estados que tienen una mayor debilidad sistémica frente a la delincuencia organizada y eso los pone en una situación de un foco rojo para poder garantizar la seguridad de sus candidatos, de sus funcionarios de casilla e incluso, cuando vaya a ser la elección, de los votantes coincidieron ayer PAN y PRD.

Por eso creo que es importante que se reconozca esta característica, para poder actuar con anticipación y poderle ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones de libertad y de seguridad para poder acudir a votar”, dijo Gustavo Madero, presidente nacional del PAN. En el caso específico de Michoacán, lo calificó como “un estado crítico”, derivado de la situación de inseguridad, operatividad del crimen organizado y crisis financiera.

Aquí lo vivimos hace cuatro años, la delincuencia organizada participó de manera directa para impedir la realización de las elecciones o para impedir que ganaran ciertos candidatos, es simplemente recordar la historia, y es la historia la que tenemos que mantener presente para impedir que se repita”, comentó.

En el tema, Carlos Navarrete, líder del PRD, coincidió por separado: “Yo creo que tanto en Michoacán, como en Guerrero y Tamaulipas, Estado de México, particularmente, hay que tomar medidas preventivas que garanticen, en primer lugar, que la gente pueda votar con libertad en junio, y en segundo lugar que los candidatos de todos los partidos puedan recorrer el territorio y reunirse con la gente”.

Sin embargo, indicó que en Michoacán el PRD no tiene prevista una petición de seguridad especial para ninguno de sus candidatos a puestos de elección popular. No está contemplada una petición específica, hay que ver, porque no es todo el país, ni todos los candidatos ni en todas partes, hay que valorar.” Navarrete se encuentra a la espera de que la Secretaría de Gobernación responda a su petición para convocar a los dirigentes de los diez partidos en contienda para abordar el tema de las garantías de seguridad, tanto al electorado como a los candidatos.

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