Por Eugenia Barajas
Tras cuatro sesiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llegó la sentencia en contra del, en ese momento diputado, Gustavo Macías.
La resolución no dejó contentos ni al acusado, ni a sus correligionarios, los coordinadores parlamentarios, ya que todos coincidieron que era un exceso en las funciones de los Ministros de la Corte.
Su pecado fue estar en el lugar y momento equivocado, en la decisión interna de su fracción -PAN- al que le darían la presidencia era a su compañero, Alfredo Arguelles, sin embargo, fue Macías quién estuvo al frente y entre muchas especulaciones enfrentó el desacato al no suspender la sesión donde se eligió a 4 Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.
La Lucha es entre dos poderes, el Legislativo y el Judicial, con el que ya se tenían rencillas por algunos temas y al no ser tomado en cuenta el actual presidente del Judicial, Celso Rodríguez se alió con el gobierno estatal para armar la Controvesia y evitar consumar el acto.
Esa lucha se llevó «entre las patas» al diputado, ya que los Ministros decidieron en el punto cuarto y quinto de la sentencia, primero que sí era responsable del desacato que se convertía en delito de abuso de autoridad, segundo que no solo le quitaban el fuero constitucional, sino que de facto lo separaban definitivamente del cargo.
Primer caso a nivel nacional que sentará precedente y para lo cual tendrá que ser consignado a un Juez de Distrito en el estado y empezar su defensa como unsimple mortal.
Entrevistado el otrora diputado reconoció que no le queda de otra que aceptar y acatar lo que ordenó la Corte, pero pedirá una fianza para seguir gozando de la libertad bajo causión.
Con la sentencia del tribunal se dio un doble fenómeno, deja de ser diputado y por tanto se tiene que llamar a su suplente, Erasmo Iturriaga y como es el coordinador de la fracción, se tendrá que elegir a un sustituto, con lo que llegaría a cuatro en menos de tres años.
Se especula mucho sobre la defensa jurídica y se habla que el Congreso contrató un despacho externo el que cobraría 10 millones de pesos, otros mencionan nombres diferentes y costos que no rebasan los 2 millones de pesos, recursos que no tiene el Poder Legislativo.
Ahora en caso de que se pague la defensa, con que argumentos o en calidad de qué lo harían los coordinadores, ya que de paso Enrique Aubry del PVEM se suma en el apoyo, puesto que Gustavo ya es un civil y puede considerarse desvió de recursos.
