Por Eugenia Barajas
El Congreso de Jalisco pelea en tribunales «correr» a 204 trabajadores por considerar que sus bases laborales fueron otorgadas de manera irregular.
Los 39 diputados acordaron a través de la Comisión de Administración combatir en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, los nombramientos de los burócratas que fueron firmados por la pasada legislatura y que de acuerdo a un análisis de la entrega-recepción, no cumplen con los requerimientos de ley para recibir ese estatus laboral.
El pasado viernes la Junta de Coordinación Política, representada por los partidos PRI, PAN, PRD, PMC y PVEM acordaron presentar 204 demandas laborales de los 219 casos de basificaciones irregulares que encontraron en la nómina legislativa.
En la queja, de la cual este medio tiene una copia, los legisladores piden en primer término la nulidad del nombramiento expedido a los demandados, y segundo, se declare la terminación de la relación de trabajo entre ambas partes.
Motiva la demanda los hechos que el ex Secretario General, José Manuel Correa Ceseña, «expidió ilegal e indebidamente a favor del servidor público, sin que haya cumplido con el requisito de antigüedad, al no haber laborado el tiempo necesario e indispensable establecido por la Ley de Servidores Públicos del Estado y sus Municipios aplicable».
De los 204 impugnados, llama la atención que en su mayoría son familiares directos y amigos de los ex diputados, directores administrativos y el propio Secretario General, quienes les entregaron el cargo con salarios estratosfericos que no estaban presupuestados, ni incluidos en la plantilla laboral del Congreso para el 2012.
De listado de trabajadores 154 fueron dados de alta en el 2011 y el resto 50, en el 2012 y del total, 23 recibieron su base el mismo día que los contrataron, 4 casos fueron basificados la última quincena antes de concluir la legislatura, el 15 de octubre sin haber trabajado un solo día en el Congreso.
Casos, indignantes para muchos otros trabajadores, como el de una «analista» para comunicación social que gana 60 mil pesos al mes, asistentes, asesores o auxiliares administrativos con ese mismo monto, y la inconformidad no es solo por el pago mensual, sino que a muchos de ellos nunca se les vio devengar su salario en alguna oficina del Poder Legislativo.
Este miércoles venció el plazo del Tribunal de Arbitraje y Escalfón para aceptar o rechazar las demandas interpuestas por la presidenta de la Comisión de Administración, la perredista, Celia Fausto Lizaola y al cierre de edición se desconocía el resultado.
