HACIENDO ADOBES
Miguel Zárate Hernández
Con la iniciativa de la reforma eléctrica del presidente, comenzó un proceso de golpeteo político y descalificación donde participa cada una de las facciones partidistas que se encuentran representadas en la cámara baja.
Por un lado, quienes estaban a favor de ella, la consideraban como una reivindicación de la realizada en 2013 por Enrique Peña Nieto, un proceso de nacionalización y protección del sector energético, y, quienes estaban en contra, argumentaban respecto al impacto en el bolsillo de los hogares, favorecer energías renovables, el cumplimiento a compromisos internacionales y la competitividad.
La noche del 17 de abril de 2022 se llevó a cabo la votación, teniendo como resultado 275 votos a favor y 223 en contra, que al no contar con la mayoría calificada (dos terceras partes) se desechó el proyecto presentado y con ello el inicio de una retórica encontrada por parte de las distintas fracciones, donde las banderas políticas y sociales se convirtieron en acusaciones, la más estruendosa por parte del partido en el gobierno federal en contra de aquellos que votaron en contra, quienes fueron calificados como “traidores a la patria”.
Si bien es cierto, en la época de que gobernó el PRI durante 70 años, nuestro país era considerado una dictadura representativa, donde desde las diputaciones, poco se discutía respecto a los temas torales del país, y se votaba en función de lo que ordenaba el primer mandatario; con la alternancia del poder e incipiente ingreso al sistema democrático, la representación ya no se basaba únicamente en la línea o voluntad partidista, sino que comenzaban a aparecer nuevos actores en las agendas, constituidos desde las empresas, las organizaciones y los grupos, que a través del cabildeo y la representación, fueron logrando políticas públicas acorde a sus intereses.
Hoy, la cámara baja, cuenta por un lado, al mandato imperativo de las distintas agendas y diversos sectores que tiene impacto en el país, su economía y su sociedad, desde los sindicatos educativos (CNTE, SNTE), al sector empresarial (COPARMEX, CANACO, CONCAMIN), laboral (CTM, CROM, CROC), al sector minero, automotriz, pesquero, alimentario, entre otros, todos ellos, con ciertas afinidades hacía algunos partidos, con los que han llegado al poder y cuyas agendas se han ido ajustando conforme a la presencia de estas fracciones; y por otro lado, aquellos que llegaron por el voto directo de las personas y que llevan al congreso la voluntad del pueblo y que, casi siempre, también son representantes de ciertas agendas políticas o sociales.
Es por ello, que el linchamiento público del que se ha acusado a los diputados que no están a favor de la reforma y han votado en contra, es una retórica que fustiga, que divide, que azuza, si bien es cierto, nuestros representantes tienen la obligación de hacerse responsable de sus actos y dar a conocer la razón de sus votos, también es cierto que, como dice el artículo 61 constitucional que habla sobre la inviolabilidad de las opiniones de los diputados y senadores, por lo que, esta serie de amenazas y acusaciones, por el hecho de ir en contra de las pretensiones presidenciales, no los hace traidores a la patria.
El artificio de división que ha fomentando desde el inicio este gobierno, no es otra cosa que la construcción constante y permanente de que en este país solamente existen dos posiciones, o estas a favor de las propuestas de Andrés Manuel o simplemente en contra de ellos, lo que hace que parezca que la imperativa presidencial vaya regresando a la escena política, esa narrativa que tanto costó erradicar y que de continuar impulsándola, no estamos muy lejos entre las personas de pasar de la retórica a la violencia física.
@miguelzarateH
