DIVISADERO
Eduardo González Velázquez
Desmarañemos la bola de estambre que envuelve a personajes e intereses del crimen organizado en torno al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
No es nada nuevo el que mandatarios o exmandatarios latinoamericanos se vean envueltos en investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
Tampoco es nuevo que los procesos en su contra sean iniciados por el gobierno de Estados Unidos y sea la Casa Blanca quien lleve mano en el juicio y eventual encarcelamiento en el norteamericano de los personajes en cuestión.
Y desde luego, no es de extrañar que sean agentes de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) quienes participen en la detención de estos personajes. Incluso, han sido utilizadas las fuerzas armadas estadunidenses en invasiones militares llevadas a cabo para detener a mandatarios o expresidentes acusados de narcotráfico, recordemos la invasión a Panamá en 1989 para detener a Manuel Noriega.
Ahora el turno es para Juan Orlando Hernández, los cargos que pesan sobre él en la Unión Americana son el tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa, y facilitar el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como agentes de seguridad de los narcotraficantes.
La orden de su captura se dio luego de una solicitud de extradición emitida el lunes en la noche por el gobierno de Estados Unidos. Apenas habían transcurrido tres semanas de haber dejado la presidencia y fue detenido en Tegucigalpa por la policía nacional apoyados por agentes de la DEA.
Hacía más de un año que la Casa Blanca lo tenía en la mira. En 2018, el hermano de Hernández, Juan Antonio, quien era diputado nacional, fue capturado en Miami acusado también de crímenes relacionados con el narcotráfico.
En marzo de 2021 fue hallado culpable de traficar 150 toneladas de cocaína desde Honduras hacia Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Ahora al expresidente se le acusa de traficar 500 toneladas de cocaína.
La semana pasada el secretario de Estado, Antony Blinken, había informado que Juan Orlando estaba incluido en una lista de personas señaladas de corrupción y atentar contra la democracia, por lo cual se le aplicaban restricciones a su visado.
Desde luego, no podemos negar la voluntad política del gobierno de la presidenta, Xiomara Castro para llevar a cabo la detención de Juan Orlando y tratar de acabar con el narcoestado que construyó el expresidente.
El día de hoy el juez resolvió la prisión provisional por un mes, mientras se lleva a cabo otra audiencia el 16 de marzo para determinar si el exmandatario es extraditado o no a Estados Unidos.
Todo lo anterior es una cosa, pero muy otra, fue la complacencia de la clase política hondureña y de la Casa Blanca para que Juan Orlando gobernara su país de 2014 a 2022, a pesar de que la Constitución hondureña no permite la reelección presidencial.
Sin embargo, un fallo del Tribunal Supremo, de mayoría oficialista, lo autorizó a presentarse para un segundo mandato en 2017.
No olvidemos tampoco que, durante el gobierno de Donald Trump, Washington envió millones de dólares en ayuda a Honduras. Fue hasta la llegada de Joe Biden a la presidencia, que las relaciones entre Honduras y Estados Unidos comenzaron a enfriarse.
En la maraña del tráfico de cocaína que presuntamente mandó Juan Orlando a la Unión Americana, faltarían personajes de ambas naciones, que eventualmente se beneficiaron del trasiego de drogas.
Profesor-investigador del Depto. de Relaciones Internacionales, región occidente. Tec de Monterrey.
@contodoytriques
