PERSPECTIVA21 Verónica Juárez Piña
Desde la organización Rebeldes con Causa, integrada por exdiputadas federales del PRD, PAN, MC y MORENA, rechazamos de manera contundente la actitud pasiva del Gobierno de la República para implementar políticas de protección de los derechos de las niñas mexicanas, víctimas de violencia y que se ve reflejado en la reducción de recursos presupuestales dirigidos, primordialmente, a las niñas, niños y adolescentes.
Resulta indignante que las principales acciones gubernamentales sean la entrega directa de recursos a través de programas clientelares y no se generen políticas integrales que les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos.
La evidencia nos indica que las niñas enfrentan violencias múltiples generadas desde el ámbito familiar, social y comunitario hasta el institucional. Las víctimas de feminicidio infantil suman, en lo que va de este año, 55 niñas y, durante el 2020, 182 niñas y adolescentes.
Las niñas constituyen el 30% de las víctimas de trata y 1 de cada 20 niñas y adolescentes de 12 a 17 años, han contraído matrimonio, dando por resultado que más de 370 mil fueran madres adolescentes, evidenciando el abuso sexual del que son objeto.
Resulta inaceptable la venta y tráfico de niñas con fines de matrimonio forzado que, en muchas partes de la República, se encubren bajo el pretexto de usos y costumbres, principalmente en estados como Guerrero, en donde recientemente se hizo público el caso de una niña que fue vendida a los 11 años por 120 mil pesos y que, resistiéndose a cuatro intentos de violación por parte del padre de su esposo, decidió huir, refugiándose en casa de su abuela, por lo que la Policía Comunitaria procedió a arrestarlas, por no tener el monto que se les exigía y, gracias a la intervención de las organizaciones de la sociedad civil fueron, posteriormente, liberadas.
Lamentablemente, durante la detención de la niña, su abuela y tres de sus hermanas, la madre fue agredida por la policía, lo cual le provocó un aborto espontáneo. Desde Rebeldes con Causa exigimos justicia para estas y todas las víctimas de trata y la restitución integral del daño, en este caso.
También denunciamos que se ha incrementado el trabajo infantil femenino, por lo que las niñas y adolescentes han debido asumir labores peligrosas y horarios prolongados, debido a la crisis económica que sufren las y los mexicanos.
La precariedad económica ha generado que las niñas y adolescentes asuman las labores de cuidado de las familias, por lo que han descuidado o abandonado sus estudios y no tienen acceso a productos de primera necesidad como los productos de higiene menstrual.
Estas condiciones y la situación de violencia generalizada provocada por la delincuencia organizada en el país, ha hecho que las niñas se conviertan en foco de atención para los cárteles que han optado por reclutarlas como sicarias o vendedoras de droga, ya que los derechos que tienen como personas en desarrollo, les impide ser privadas de la libertad.
Las niñas y adolescentes no pueden esperar más. Resulta urgente que el gobierno federal destine los recursos y desarrolle las acciones necesarias para garantizar los derechos de la infancia en nuestro país, generando los mecanismos para prevenir y erradicar las múltiples violencias de las que son objeto.
Es imprescindible que se generen las sinergias indispensables entre los tres órdenes de gobierno, poniendo en el primer nivel de las prioridades del Estado Mexicano, la salvaguarda de los derechos de las niñas y adolescentes, particularmente, su derecho de acceso a una vida libre de violencia.
