Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desecharon los ocho puntos con los que Movimiento Progresista sostenía su solicitud de invalidar la elección presidencial del primero de julio.
A cada uno de los agravios, los magistrados respondieron así:
1. Adquisición encubierta de tiempo en medios de comunicación.
El proyecto de sentencia propone que este agravio se declare infundado en lo relativo al “desequilibro inoperante” y la “cobertura sesgada” en medios de comunicación; asimismo, se considera infundada la argumentación de que Enrique Peña Nieto tuvo publicada desde 2006, puesto que esto no se enmarca en los plazos de la contienda electoral.
2. Uso indebido de las encuestas que llevó a la inducción del voto.
Ante el argumento del Movimiento Progresista que los estudios de opinión indujeron al voto en favor del PRI, el proyecto de sentencia considera que no hubo sondeos simulados que no hubiesen cumplido con la metodología que exigen los acuerdos del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
El proyecto considera infundado también la denuncia de que hubo encuestas pagadas por interesados en el proceso electoral y que, por tanto, serían fuentes de financiamiento irregular.
3. Financiamiento prohibido y paralelo
En este punto se consideran las distintas ramas del caso Monex, en el cual se encuentran presunta propaganda en el exterior, desvío de recursos y recepción de dinero.
El documento asegura que no se puede comprobar la supuesta contratación de la empresa estadounidense “Frontera Network” por 56 millones de dólares para promover en el país vecino a Enrique Peña Nieto. “Los documentos no convalidan lo reportado por Jesús Ponce de Aquino, dueño de la empresa mencionada.
Respecto a las tarjetas de prepago de Monex, el tribunal asegura que no se puede comprobar su uso para la supuesta compra del voto.
4. Entrega de tarjetas Soriana
“Sólo se encuentra evidenciado que hay un convenio de colaboración que beneficia a los militantes del PRI, pero no a los ciudadanos en general”, propone el documento que está por ser sometido a votación.
5. Gastos excesivos en campaña electoral y publicidad
La propaganda y el gran número de espectaculares para promover al candidato priista, como violación a la equidad, sería un agravio infundado porque, según el tribunal, no existen elementos si hubo o no un rebase y no se aportaron pruebas suficientes.
6. Intervención de funcionarios públicos
El proyecto asegura que no se acreditaron de manera suficiente en la demanda, dichos como la celebración de un encuentro de 16 gobernadores en junio de 2012.
7. Irregularidades en la Jornada Electoral
Para sustentar este punto, el Movimiento Progresista entregó notas periodísticas, sin embargo, considera el proyecto de sentencia, que se debe probar que existió la distribución de un bien o de dinero, y que la entrega de estos se condicionó al voto.
8. Irregularidades en cómputos distritales
Las acusaciones de irregularidades en Jalisco y en Durango son señalados en la demanda, no obstante, el Tribunal afirma que la Coalición omite establecer con precisión las pruebas para acreditarlas.
