DIVISADERO/Eduardo González
Esta semana el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas dio a conocer las cifras de la ignominia: de 2006 a la fecha se ha notificado la desaparición de 189 mil personas, de las cuales 112 mil ya fueron localizadas; 104 mil con vida y 7 mil 82 sin vida.
De esta manera, se tiene un registro de 77 mil 178 personas cuyo paradero se desconoce, 18 por ciento de las cuales fueron reportadas de diciembre de 2018 a la fecha. El año con más casos fue 2019, con ocho mil 345.
En lo que va de 2020 han desaparecido cuatro mil 960 personas. Según las autoridades, 90 por ciento de las desapariciones están asociadas con el crimen organizado (La Jornada, 8 de octubre de 2020).
Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en el actual sexenio. De diciembre de 2018 a la fecha tenemos 3 mil 568 personas desaparecidas, 25.8% del total; Guanajuato, aparece con mil 216; Tamaulipas, con mil 206; Ciudad de México, tiene mil 191 y Nuevo León, 991.
Asimismo, nuestro estado aparece en el primer lugar en el número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de este año, con 605 cadáveres, 30 por ciento de los mil 957 hallados en mil 257 sitios en todo el país.
De las mil 957 personas localizadas en fosas clandestinas, se han identificado 41 por ciento de ellas y entregado 806 cuerpos a sus familiares (El Informador, 8 de octubre de 2020).
Así las cosas. Gobiernos van y gobiernos vienen, pero nadie logra detener el terror de las desapariciones. Se cambian las estrategias, se modernizan las instituciones encargadas de perseguir y evitar este delito, pero los resultados que se obtienen son muy pobres.
Es decir, reconocemos algunos esfuerzos realizados por las autoridades, aunque afirmamos que no son suficientes y están muy lejos de ser los necesarios para acabar con este flagelo. Urge desmantelar las bandas dedicadas a esta actividad criminal y también terminar con el maridaje de criminales y funcionarios públicos, encargados de acabar con la violencia y generar mayores índices de seguridad, que son partícipes de esta actividad criminal.
Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de investigación policiaca y de localización de personas que den certeza a los ciudadanos que acuden a denunciar la desaparición de un familiar o conocido.
Por otro lado, se deben robustecer los servicios forenses mediante la asignación de mayor presupuesto que les permita contratar más personal para hacer frente a la enorme carga de trabajo y con ello reducir considerablemente el retraso que experimentan en sus labores; sin olvidar la constante depuración de los cuerpos policiacos con el fin de cortar la cadena de contubernios existente entre algunos policías y criminales.
Finalmente se deben fortalecer los Ministerios Públicos y las fiscalías federal y estatales.
De no atenderse estos mínimos requerimientos, el tiempo pasará y las desapariciones de personas no se detendrán. De esta manera, y no de otra, los gobiernos podrán hacer frente al horror de las desapariciones con mejores condiciones y resultados.
