CAVILADO ANDO/Alfonso García Sevilla
En el portal de la Secretaría de la Función Pública se puede leer la definición con la que establecen el término de “Corrupción” y sus diversas variantes y que a la letra dice:
“Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.
Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.
Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.
Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.”
En días recientes hemos visto en medios de comunicación y redes sociales videos de presuntos actos ilícitos de diversos partidos políticos, desde sobres hasta bolsas con dinero que permitió sobornar legisladores y “apoyar” la causa lopezobradorista, que, por la definición de la Función Pública, ambos caen en el supuesto de corrupción.
Todos deben ser investigados y sancionados, no basta con darlos a conocer, si queremos combatirla hacen falta culpables que paguen el delito.
La corrupción en nuestro país es un mal que lejos de disminuir se fortalece ante la mirada atónita de los ciudadanos y la falta de acción para combatirla de los gobiernos.
La impunidad total que vivimos es un caldo de cultivo para que este fenómeno no disminuya y continúe carcomiendo las estructuras sociales y enquistándose en el ADN gubernamental. En México, el crimen SÍ paga.
¿Qué falta para combatirla? Las leyes son claras, nos describen los actos que no se debe realizar y sus penas, el gran problema es la ausencia de una autoridad interesada en “cumplir y hacer cumplir la ley”.
Aunado a la doble moral de la sociedad, que por un lado critica y se ofende y por el otro ofrece la “mordida” para evitar una sanción o agilizar un trámite ¿Conoce a usted a alguien que este preso o haya sido castigado por incurrir en casos de corrupción?
Sigamos pues actuando con base a los dichos que hemos acuñado a lo largo de nuestra historia, sigamos viviendo la realidad de “el que no transa no avanza”, “con dinero baila el perro”, reflejando el poco compromiso e interés de gobierno y sociedad por combatirla.
Sigamos esperando de donde saldrá el héroe que iniciará con la dura tarea de revertirla y lo más importante como implementar mecanismos eficientes para un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones de ciudadanos. Y gran parte de este trabajo inicia desde casa.
¿Usted le entra amigo lector?
