No permitamos que el abusador se salga con la suya

PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña

Resulta lamentable que Luis Alonso “N”, jefe de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, quien el pasado 26 de julio fue detenido por haber sido encontrado en su auto con una menor de edad desnuda, podría salir libre y sin antecedentes penales después de que el juez que lleva el caso tomó la determinación de retirar la agravante del delito de tentativa de abuso sexual infantil.

Esto es inadmisible. Todas y todos debemos hacer lo posible para evitar que el abusador se salga con la suya. Pero además, es necesario implementar medidas de protección para la víctima.

Es por esa razón que el miércoles 6 de agosto presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un exhorto para hacer un enérgico llamado a las autoridades de Puerto Vallarta, estatales y federales; para que apliquen todas las medidas necesarias y suficientes a fin de proteger los derechos de la niña de 10 años víctima de este abuso sexual.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres ya pidió que la investigación de este caso se realice con perspectiva de género y apegada al principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar los derechos que el debido proceso le otorga a la víctima y, particularmente, aquéllos que la Constitución de la República le confiere como persona en desarrollo.

El marco jurídico vigente y las convenciones de las que México es parte protegen el desarrollo psicosexual de todas las personas y garantiza a mujeres y niñas el derecho a una vida libre de violencia.

Específicamente obligan a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar a todas las niñas el pleno goce de sus derechos humanos. Es por ello

que hacemos un enérgico llamado para que estas autoridades demuestren su máximo compromiso con los derechos de las niñas y niños.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco, está obligada a realizar las investigaciones con perspectiva de género y bajo el principio del interés superior de la niñez.

De igual manera, las autoridades del Municipio de Puerto Vallarta, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del estado de Jalisco y el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; deben implementar cuanto antes cursos de capacitación sobre igualdad entre los géneros, perspectiva de género, contra la violencia de género y derechos de la niñez para todos los servidores públicos y empleados del Ayuntamiento.

Por su parte, la Fiscalía, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Jalisco y la Comisión Nacional de Atención a Víctimas; deben brindar toda la atención y garantizar los derechos de la niña y de toda su familia.

Además, la Contraloría Municipal de Puerto Vallarta y la Contraloría del Estado de Jalisco deben realizar las investigaciones correspondientes respecto a la conducta y desempeño como funcionario público del presunto responsable del abuso sexual.

Pero en este momento, lo prioritario es evitar que el abusador evada la justicia por interpretaciones legales, por irregularidades en el proceso, y porque la Fiscalía fue omisa en no perseguir más de dos agravantes y no haber acreditado el delito de corrupción de menores desde un principio.

Este tipo de omisiones fomenta la impunidad de los abusadores en nuestro país, en donde se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100 mil. Además, cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos.

Desafortunadamente, de mil casos de abuso, solamente se denuncian ante la justicia unos 100; de esos, solo 10 van a juicio; y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99%.