HACIENDO ADOBES/Miguel Zárate
Junto al difícil momento que atraviesa el estado, con el amago de un “apagón” total de la vida social y económica si empeoran aquí las condiciones de la pandemia, se dan decisiones en otros campos vitales, como la seguridad pública.
Se veían venir cambios en el renglón, sobre todo a partir de los hechos en los que se dio la intencionada desaparición de jóvenes manifestantes en la Fiscalía estatal por el asunto de Ixtlahuacán.
No fue esa, sin embargo, la “gota” que derramó el vaso sino la ineficacia generalizada en las áreas respectivas lo que condujo al coordinador de todo ese sector del gobierno estatal, Macedonio Tamez, a ser removido de su cargo, cuestión en la que de manera innegable hay muchos más funcionarios responsables involucrados y tal vez más culpables del rumbo que han tomado las cosas.
El perfil de Tamez, un político al que no se le ha cuestionado su probidad y humanismo, pese a su experiencia anterior en la seguridad tapatía y en el Instituto de Ciencias Forenses, no es precisamente el perfil de un policía.
Lo significativo de su separación va más allá de su desempeño, quizá más ligada a los poderes internos en la estructura estatal en los que su “coordinación” no solamente fue paulatinamente nulificada, sino que, para algunos, seguramente tal vez salía sobrando y hasta estorbando.
Ahora lo más complicado será para el gobierno de Enrique Alfaro enfrentar, dentro de la de por sí difícil circunstancia que se vive, atender el asunto de seguridad que ha llegado a tocar hasta su propia puerta.
Los datos que suelen manejarse para dar peso a sus acciones contra el delito considerado de orden común, se ha traducido en algunas mejorías muy específicas y, en varios géneros delincuenciales, relativamente débiles aunque esto no signifique que no tenga importancia.
Pero el delito de alto impacto, el que mantiene a la población inquieta y en el temor, es el que se genera con los homicidios y balaceras en plena calle, la increíble dispersión del tráfico de droga de toda monta con muchos de los crímenes que lleva consigo, el descubrimiento de fosas y más fosas clandestinas, el hampa rampante que extorsiona, asalta y asesina.
Y, también de manera relevante, las desapariciones de personas cuyo número acumulado es realmente preocupante, además, claro, de la presencia de organizaciones con dimensión nacional pero con el nombre de Jalisco, que incluso desafían a los poderes del estado e incluso al gobernador mismo.
La verdad es que la ciudadanía no puede amurallarse ni blindarse ante las amenazas de los hampones.
Espera, naturalmente, una respuesta que hasta ahora ningún nivel de autoridad le ha dado. Si es la federación, pues parece que por ejemplo la Guardia Nacional no termina de organizarse, menos capacitarse y, además, es distraída en una serie de actividades, como la de frenar inmigrantes o la de cuidar las líneas de abasto petrolero, que la apartan de tareas de apoyo real en seguridad.
En la escala local, se observa más todavía la descoordinación entre corporaciones, la Fiscalía estatal es un desastre en muchos sentidos, los centros de reinserción social de mal en peor, la casi “tomada de pelo” en que se convirtió la tan esperada, discutida y planeada Policía Metropolitana, la constante insuficiencia de Ciencias Forenses y la falta de una auténtica preparación de elementos y su debido equipamiento, son signos evidentes de que en este renglón urge mucho por hacer en este tema.
Lo de Tamez puede ser, quizá valdría la pena pensarlo, en que las coordinaciones estatales en general no operen realmente, pero en seguridad las fallas se tornan fatales.
Ojalá y que, con coordinación o sin ella, verdaderamente se organice ya el aparato público. Si no, la “hampandemia” seguirá haciendo de Jalisco su territorio.
