PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
Un grupo de más de 90 diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios, entre ellos el GPPRD, presentamos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que contemple como medida un “Ingreso Único Vital”, temporal y no condicionado, a las personas que tendrán una disminución en sus ingresos ante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Se propone entregar un apoyo económico directo a través de tarjetas o los medios que sean necesarios por un monto de $3,746.00 pesos, por tres meses a las personas que son trabajadores informales y las personas que pierdan su trabajo formal durante la pandemia.
También se plantea se entregue al cerca del 30 por ciento de las mujeres que son responsables del hogar, que por condiciones de género tiene mayores desigualdades para acceder a ingresos. Lo hacen en la informalidad y en medio de la precariedad.
Los niveles de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad en el ingreso de millones de hogares mexicanos los hacen particularmente susceptibles de ver afectado su bienestar inmediato y futuro por los efectos de la recesión económica y la pérdida de empleos.
A menos que se compense (así sea parcialmente) el ingreso que perderán millones de hogares en los próximos meses, los efectos negativos no sólo serán inmediatos, sino que tendrán consecuencias de largo plazo en el bienestar de las personas y en los niveles de pobreza.
El gobierno federal puede implementar un apoyo extraordinario y temporal que, de manera solidaria, ofrezca un ingreso para compensar las pérdidas económicas de las familias mexicanas.
Esto podría evitar que las personas caigan en pobreza, que profundicen su situación de pobreza, o que tomen decisiones que afecten su capital humano, su patrimonio o sus derechos (sacar a hijos e hijas de las escuelas, reducir la variedad de la alimentación, hipotecar o vender sus bienes, entre otros).
Además, una vez que se levanten las medidas sanitarias, esto podría fomentar una recuperación más pronta de las familias más vulnerables.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estima que, en 2018, en México había 52.4 millones de personas en situación de pobreza y 9.3 millones de personas en pobreza extrema.
Las medidas de salubridad implementadas, indispensables para contener la pandemia y proteger las vidas, están teniendo efectos inmediatos en los ingresos laborales de las 55,683,450 personas que estaban ocupadas a finales del 2019. Pero la magnitud de ese efecto será distinto para cada una de esas 55 millones de personas: habrá quienes conserven su empleo formal (y sigan recibiendo su salario y prestaciones), quienes pierdan su empleo (y, con ello, su ingreso y su seguridad social) y quienes sigan laborando en la medida en la que sus productos y servicios sean solicitados, pues son quienes dependen de ingresos variables.
Alrededor del 16% de los hogares mexicanos reciben al menos el 50% de sus ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables y afectados por la pandemia —como el trabajo doméstico, el comercio ambulante, los pequeños negocios de servicio, el comercio en establecimientos, otros sectores vulnerables— y/o de las remesas provenientes de otros países.
Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), abril podría cerrar con una baja de 744 mil 225 empleos formales.
Como parte de un conjunto de medidas para proteger a las empresas y el empleo y contener los costos sociales de la emergencia, el ingreso único vital reduciría los efectos negativos de la pandemia y aceleraría la reactivación económica.
Un Ingreso Único Vital es indispensable para que la pandemia no condene la pobreza y a la vulnerabilidad a millones de hogares.
Quienes impulsamos esta propuesta estamos construyendo acuerdos con los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios y promoviendo reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar, a fin de poder lograr el consenso necesario para que este apoyo, sumamente
necesario para quienes han visto disminuir sus ingresos por la pandemia, tenga viabilidad.
Aprobar este apoyo económico que beneficiaría particularmente a las familias de menos recursos, demostraría un alto grado de sensibilidad tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo Federal.
