PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
En febrero de 2018, el Congreso del Estado tomó protesta al primer titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Gerardo De la Cruz Tovar, ente fundamental del Sistema Estatal Anticorrupción.
La ostentosa reforma constitucional que derivó en un aparatoso ‘Sistema’ que tenía como fin único y último inhibir los delitos que corrompen la vida pública de Jalisco, terminó por convertirse en el ejemplo por antonomasia del gatopardismo puro.
Todo parece indicar que, para combatir la corrupción, la ‘voluntad política’ resultó mucho más eficaz que la ‘autonomía constitucional’ del nuevo Fiscal, que llegó a ser vista como la panacea para derrocar la impunidad prevaleciente en el daño al patrimonio de Jalisco, perpetrado desde dentro del servicio público.
Las pruebas empíricas son reveladoras: Aristóteles Sandoval, sin la pomposa estampa de oropel, llamada eufemísticamente Sistema Estatal Anticorrupción, tomó protesta el 1ro de marzo de 2013, y en la primera semana de junio de ese mismo año [apenas tres meses y una semana después] el ex director del Siapa, era arrestado por el delito de peculado, en virtud del desvío de un crédito de mil 200 millones de pesos otorgado a dicha institución para el programa ‘Todos con Agua’.
El Fiscal Anticorrupción lleva poco más de un año en el cargo, y no parece existir el más mínimo vestigio –por lo menos, en el futuro inmediato– de una sola detención.
Son 13 denuncias las que presentó en 2013 y 2014 el finado ex Contralor, Bañuelos Guardado; ocho terminaron en sentencia condenatoria, obsérvese, sin que tuviéramos el excesivamente burocratizado e ineficiente ‘sistema anticorrupción’.
Lo anterior resulta especialmente preocupante, si tomamos en consideración que la Contralora del Estado, Teresa Brito, ha presentado 16 denuncias penales desde 2016: cinco para el Ipejal; cuatro para el organismo público descentralizado, Servicios de Salud; dos más para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); y una más para los siguientes entes auditados: la Fiscalía General del Estado, el Sistecozome, la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Jaltrade [compra indebida de la Casa Jalisco en Chicago] y su ex director administrativo.
Al respecto, Teresa Brito llegó a señalar el 5 de marzo de 2019: “mis denuncias llevan nombre y apellido (…) pero si requiere algo adicional de la contraloría, pues es tiempo de que lo pida, no es cuestión de seguir coleccionando denuncias”.
La semana pasada, el Gobernador del Estado, urgió al Fiscal a actuar: “creo que la Fiscalía [anticorrupción] hoy tiene que entrar en una nueva etapa y creo que tiene las condiciones necesarias para hacerlo, yo espero que ya no haya ni argumentos ni pretextos”.
El lunes pasado, el Presidente de la Mesa Directiva, Salvador Caro, también apremió al Fiscal “necesitamos sancionados. Necesitamos gente en la cárcel. Mientras no haya sancionados, esto es una broma para los ciudadanos. Necesitamos funcionarios corruptos en la cárcel.”
El caso de Ipejal es particularmente alarmante: capta el mayor número de denuncias penales hechas por la Contralora del Estado, hasta ahora.
Dos de ellas, tuvieron que ver con un crédito con garantía falsa; las tres restantes, por 1) la alteración de facturas y compra a sobreprecio en medicamentos, 2) compra fraccionada a una empresa por 80 millones de pesos, y 3) por irregularidades en el proceso de compra y suministro del Área de Servicios Médicos del Ipejal [se encontró un medicamento falso].
Con independencia de las responsabilidades penales, que efectivamente competen a la procuración [Fiscal Anticorrupción] e impartición de justicia en materia penal, la Contralora del Estado no ha emprendido sanciones administrativas que deriven en destitución, pero sobre todo en inhabilitación de ‘peces gordos’. ¿Por qué?
El día de ayer publicó MURAL que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco determinó que Abengoa “dejó un boquete financiero en el Ipejal por 34 millones 52 mil 550 pesos”, que se suma al largo rosario de irregularidades aún impunes en el Instituto.
Tan eficaz e inhibitoria es la sanción penal [cárcel], como la administrativa [destitución y/o inhabilitación], para los grandes defraudadores del erario.
Pero en Jalisco, el que la hace, no la paga…
