PESIMISMO ILUSTRADO/Jorge Rocha
En la entrega anterior analizamos los resultados del análisis de las percepciones que las y los ciudadanos que habitan el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tienen, a propósito de la encuesta sobre seguridad que realizó el Observatorio Ciudadano “Jalisco Cómo Vamos”.
La semana pasada, no sólo continuamos con la novela de horror que es Jalisco en este tema, sino que se terminó de corroborar el quiebre del sistema de procuración de justicia en la entidad.
La peor crisis política del gobernador Aristóteles Sandoval se originó cuando nos enteramos que más de 250 cuerpos de personas no identificadas estuvieron deambulando por la ciudad en un par de trailers con cámaras refrigerantes.
La noticia se convirtió en un escándalo internacional y provocó la remoción del titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) Luis Octavio Cotero Bernal y del Fiscal de Estado de Jalisco, Raúl Sánchez.
A partir de este evento nos dimos cuenta de varios problemas que están alrededor de la agenda de seguridad en el estado de Jalisco, a saber: a) no se cumple de manera cabal con Ley de Víctimas; b) que la Fiscalía y el IJCF no colaboraban de forma adecuada y que existen conflictos entre ambas instituciones; c) que al IJCF tiene un grave déficit de espacios adecuados para conservar cuerpos de acuerdo a lo que dice la normativa; d) que los peritos que tiene el IJCF son muy pocos, frente a las necesidades de investigación y de tratamientos de cuerpos de personas no identificadas; d) que el presupuesto asignado a esta institución es notoriamente insuficiente y es necesario incrementarlo inmediatamente; e) que la Fiscalía ha implementado una estrategia en el tema de desaparecidos que ha sido un rotundo fracaso hasta el día de hoy; f) que el Gobernador de Jalisco no supo o no quiso saber de la situación del IJCF y es hasta el último momento de su mandato cuando quiere tomar cartas en el asunto; g) que este organismo que requiere de una auténtica autonomía, y que hoy por hoy, no cuenta con ella; h) que se necesita un cementerio forense que hasta ahora no se ha construido y que urge para un tratamiento adecuado en este tema; i) que tenemos una enorme insensibilidad y ausencia de trato digno frente a los cuerpos de estas personas.
En resumen, nos dimos cuenta de que a pesar que desde finales del sexenio de Emilio González Márquez, que ya se sabía de la crisis de personas desaparecidas en Jalisco y del aumento de homicidios dolosos, no se tomaron las medidas necesarias para atender de forma adecuada este grave problema y que el resultado de esta forma de proceder, nos trajo un quiebre institucional frente a este problema, es decir, la incapacidad de respuesta por parte del Gobierno del Estado en la materia está comprobada y por lo tanto se requiere pensar desde “cero” las estrategias de seguridad y de procuración de justicia en la entidad, sabiendo que el año 2017 fue el más violento para Jalisco y que este año (2018) tiene cifras de homicidios que pronto rebasarán lo acontecido el año pasado.
Por supuesto que la administración de Aristóteles Sandoval tiene que hacer todo lo que tenga a la mano en el periodo de gobierno que le queda, pero será fundamental que la gestión de Enrique Alfaro tome esta agenda como un asunto prioritario; y como ya dije antes, que propicie una discusión a fondo de este grave problema que tiene sumido a Jalisco en una severa crisis de derechos humanos y de inseguridad pública.
Aunque efectivamente es necesario y urgente aclarar todo lo que sucedió y poder deslindar las responsabilidades correspondientes, no podemos quedarnos atrapados en los “dimes y diretes” entre los actores políticos y más bien tenemos que transitar a un debate serio y profundo sobre el modelo de seguridad implementado, sobre los quiebres institucionales de la procuración de justicia y de cómo tenemos que empezar a resolver este problema de raíz, asumiendo que es la agenda que más le duele a los ciudadanos que vivimos en Jalisco, porque al día de hoy, la AMG es la ciudad del miedo.
