PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
Alemania alcanzó, después de seis meses, la posibilidad de formar el nuevo gobierno. Una de las democracias más pujantes de la Comunidad Económica Europea consiguió formar gobierno mediante acuerdos entre los Demócrata-Cristianos (centro derecha) que apoyan a Ángela Merkel, y los votos del SPD (partido social demócrata, de centro izquierda).
De esta forma, Alemania consigue nuevo gobierno, mediante un acuerdo construido entre políticos conservadores y liberales. Una práctica que es ciertamente común en la construcción de mayorías en los sistemas democráticos europeos.
Mientras tanto, en México observamos coaliciones para competir la Presidencia, sin afinidad ideológica. También, la ‘migración’ cada vez mayor de políticos a otros partidos. Se abrió, con ello, un interesante debate.
¿Es legítimo que un político cambie al partido que lo llevó a su cargo de elección popular (independientemente de si está afiliado o no), para competir bajo las siglas de otro?
Especialmente, si el partido de destino no es de similar ideología al que dejó. A primera impresión, parecería que hay muchos argumentos para criticar el cambio de partido.
Los partidos políticos, todos, agrupan ciudadanos y postulan ciudadanos a los cargos de elección popular. Los partidos son las instituciones del Estado (“entidades de interés público”) que, “como organizaciones de ciudadanos”, deben “hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público” (artículo 41 de la Constitución).
Ahora bien, cuando algunos partidos dejan de hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder, e incluso lo impiden y lo obstaculizan, ¿es legítimo que un político decida cambiar de partido?
Finalmente, el partido es una organización pública. El partido representa, en realidad, lo que son las personas que lo integran. Tal vez esta migración de políticos a partidos o coaliciones sin afinidad ideológica, también encuentre aliento en ese funcionamiento patrimonialista y antidemocrático de todos los partidos políticos de México.
Si los partidos no respetan los derechos políticos de votar y ser votado de sus militantes o simpatizantes, ¿éstos deben sostener lealtad institucional a un partido que, en los hechos, obstaculiza su derecho para competir por un cargo de elección popular?
Tal vez esos saltos de tantos políticos, de partido en partido, se explique, entre otras cosas, en la ausencia absoluta de democracia interna del Sistema de Partidos. Éstos reclaman su derecho a una elección democrática para la renovación de los cargos públicos del gobierno, pero se niegan rotundamente a practicar la democracia a su interior, aún cuando con ello violan derechos políticos fundamentales de los ciudadanos.
Bajo esa premisa, ¿un político tiene derecho a cambiar de partido? Un buen punto para reflexionar…
