POLÍTICA SIN ÉTICA/Jonadab Martínez
Este domingo 19 de noviembre resulta significativo, pero en un sentido doloroso. Esta fecha conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial y, personalmente, me sumo al clamor para que todos los actores sociales de los tres niveles de gobierno se sumen, desde sus trincheras, a ejercer acciones contundentes y respetemos a nuestros conciudadanos que aún lloran e imploran justicia por un ser querido que perdió la vida en algún trágico incidente vial.
La Ley General de Seguridad Vial que vengo proponiendo, trabajando y llevado a todos los foros posibles, pretende un objetivo trascendental: inhibir los accidentes vehiculares para reducir el daño colateral en lesiones, discapacidades y muertes.
Mi invitación es para sembrar conciencia en la sociedad, a que no bajemos la guardia y ejerzamos acciones en esta materia; tristemente continúan enlutándose miles de familias en México y el mundo ante la falta del sentido de responsabilidad al conducir un vehículo en estado inconveniente, bajo el influjo de estupefacientes o exceso de velocidad, entre otros factores.
En 2015, el 34% de los percances fatales en México ocurrieron en cruceros. Asómbrese, el domingo, es el día que registra mayor incidencia mortal con el 23.7%, de acuerdo con el INEGI. Además, en relación al horario en el que ocurren estos accidentes —cuyo desenlace es fatal para las víctimas— es entre las 18:00 y las 20:59 horas, lo que representa el 17.4 del total.
Si queremos evitar que el 50% de las personas vivan con alguna discapacidad, con la cual no nacieron ya que la adquirieron en vida en algún accidente vial, propuse impulsar acciones que incidan en la disminución de accidentes viales y reducir índices de víctimas. Debe ser prioritario dentro de las políticas públicas de las entidades —miembros de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI), de la cual México forma parte— aumentar mecanismos preventivos antes que sancionables.
La prioridad social radica en la prevención de los comportamientos peligrosos; mi gestión queda asentada con La Ley General de Seguridad Vial, una legislación preventiva y encaminada a la reeducación en las conductas nocivas que conllevan la perdida de la vida de manera injustificada, e insisto, sin razón de ser.
Sé de políticas públicas que incentivan el uso de vehículos particulares, lo cual propicia el aumento de los agentes contaminantes que igual, tampoco no incide en el fomento a la cultura vial de peatones y conductores. Pareciera que este tema no es tomado con seriedad en México. Y lo anterior, sí sería lamentable.
Me causa impotencia cuando pienso en el desamparo que sufren y padecen miles de familias afectadas, quienes sienten que no encuentran el apoyo necesario por las instancias de justicia. Mi urgente llamado, tal y como lo ejercen diversas asociaciones civiles, es combatir la inseguridad vial, evitar más daño a la sociedad y concretar instrumentos legales precisos para no ser parte de la estadística, porque nadie está exento de serlo.
