PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
El Gobierno de Enrique Peña Nieto prometió reducir en 50% los homicidios en el país. Cuando llegó, en 2012, en México fueron asesinados y asesinadas 20 mil personas.
En 2016 ya superamos dicha cifra y el inicio de 2017 es el más violento desde 1997. Queda claro, Peña Nieto no pudo con la inseguridad, la violencia y la barbarie.
Su único cambio fue tratar de no hablar de la violencia, como si no nombrarla la desapareciera de golpe. La violencia se ensaña contra niñas y niños, jóvenes, mujeres y quien sea.
No se matan entre delincuentes, nos matamos entre mexicanas y mexicanos frente a la indolencia del Gobierno.
Jalisco no está exento de esta violencia crónica. Al igual que sus vecinos Colima, Guanajuato y Nayarit, los índices de violencia se han disparado.
En el Área Metropolitana de Guadalajara, hace algunas semanas significó un aumento crudo y real de los homicidios.
Cuerpos aparecieron colgados en puntos importantes de la ciudad y los cárteles demuestran que se pueden pasear a sus anchas ante la incompetencia de la autoridad.
De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Jalisco vemos un incremento relevante en los homicidios, el robo de autos y el robo a transporte de carga.
Las y los políticos en Jalisco, sean de un color o de otro, han decidido echarle la culpa al ajuste de cuentas entre los cárteles. Bonita excusa.
No temas jalisciense, si amaneces y ves cuerpos colgados, es un asunto entre delincuentes.
No media investigación de por medio, pero la irresponsabilidad de las y los funcionarios decide resolver el caso en segundos.
En lugar de tomar cartas en el asunto y resolver los problemas de inseguridad, las excusas sobran.
Sea que se matan entre ellos y el sistema penal acusatorio, pero las autoridades no responden a lo que sucede en la realidad.
Las y los perredistas tenemos claro algo: la violencia se combate con oportunidades; la inseguridad con inteligencia, y la barbarie con estado de derecho.
Las ciudadanas y ciudadanos urgimos de policías capacitados, cuerpos de proximidad y una inversión sin parangón en materia de combate a la pobreza y la desigualdad.
Quienes se encargan de dotar de seguridad a las ciudadanas y ciudadanos, han fracasado.
El Estado se funda en la idea misma de que nosotros cedemos libertad y en cambio recibimos seguridad acerca de nuestras vidas y nuestras propiedades.
La incapacidad de los gobiernos para combatir a los criminales mina la credibilidad del Estado y las instituciones.
Recuerdo la frase de Alejandro Martí: si no pueden, renuncien. Prometer no empobrece, pero en el año más violento en más de dos décadas, estamos obligadas y obligados a exigir un verdadero golpe de timón y no más aspirinas que no resuelven nada.
