PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
La salud democrática de un Estado se mide por la forma en cómo trata a las y los más débiles de una sociedad. Las democracias avanzadas se comprometen con el respeto de los derechos humanos de las y los más débiles; los estados más autoritarios son los que se ponen del lado de los poderosos.
Y no hay grupo poblacional de los más vulnerables que el compuesto por las niñas que han sido víctimas de violencia sexual.
En Jalisco, ocurre todo lo contrario. Según la investigación realizada por el diario NTR de Guadalajara de 2014 a abril de 2016, la Secretaría de Salud Jalisco tiene el dato de 52 embarazos por violación.
Sin embargo, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) denunció que el Secretario de Salud estatal, Antonio Cruces Mada, obstaculiza que las mujeres víctimas de violación accedan a la ILE.
Eso habla de la doble moral de un Gobierno que pide medidas para garantizar el acceso de las niñas violentadas a lo que marca la Norma Oficial Mexicana 046, pero que cierra los ojos ante las omisiones que se cometen desde la Secretaría de Salud Jalisco y en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco.
Tres cosas son preocupantes:
La primera es la humana. El acceso a la interrupción del embarazo en casos de violación no es una concesión del gobernante en turno, ni una dadiva que se le da a las niñas y mujeres jaliscienses, es una obligación tipificada en todos los tratados internacionales en la materia y que cuenta con el notable respaldo del máximo tribunal de este país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es inhumano y violatorio de todas las convenciones sobre los derechos humanos de las niñas y niños, que el
Estado desatienda a las niñas que han sido violentada sexualmente.
La segunda. Que los gobernantes prefieren injusta y reprobablemente exponer a niñas y adolescentes, en vez de aplicar las normas cuando no les conviene o atentan contra sus convicciones personales.
¿No se llama prevaricación cuando funcionarios públicos que se saben obligados a seguir la ley, prefieren omitirla y realizar actos políticos o administrativos que contravienen a las normas existentes?
Tercera. El chantaje al que cede la clase política jalisciense ante amenazas de asociaciones y partidos conservadores. ¿Cómo pedirle a una niña violentada sexualmente que tenga permiso de sus padres para interrumpir el embarazo cuando un alto porcentaje de las violaciones provienen del entorno familiar?
Lo que pasó en el Congreso de Jalisco con excepción del PRD y Kumamoto, nos habla del nivel del compromiso de la clase política de nuestro estado y de la falta de congruencia y cumplimiento con distintas leyes, tratados, convenios, y particularmente con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
No quitaremos el dedo del renglón por el cumplimento de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres de México, seguirá siendo una prioridad en la agenda del Partido de la Revolución Democrática.
En este camino, espero encontrarme a muchas y muchos jaliscienses.
