PERSPECTIVA21/ Verónica Juárez Piña
Durante la última década el país ha vivido una incontrolable escalada de violencia generalizada e inseguridad que no cesa, causada por una errática estrategia punitiva de seguridad pública que claramente no ha funcionado.
Según datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2016, en el país se registraron 32,572 homicidios, 520,318 robos en sus diversas modalidades, 4,706 extorsiones y 1,022 secuestros.[1]
Sin contar que durante los últimos diez años han venido aumentando los delitos realizados por las Fuerzas Armadas, como: tortura, violaciones graves a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Estos datos muestran que la ruta que emprendió Felipe Calderón y que ha continuado el gobierno de Enrique Peña Nieto es equivocada.
En este contexto se ha intensificado el debate en el Congreso de la Unión sobre iniciativas de Ley en torno a la seguridad interior.
Dos son las propuestas que se contraponen, por una parte la del PRI y la del PAN que insisten en que las Fuerzas Armadas tengan facultades para realizar labores de seguridad pública de manera permanente, es decir operaciones de restauración del orden, acciones del orden interno como destacamentos de seguridad, patrullajes, reconocimientos, puestos de vigilancia, instalación de retenes, desmantelamiento de centros de distribución de droga, realizar inspecciones de bienes y personas en los puestos de revisión de la vía pública, entre otras más.
Lo que significa que se sigan vulnerando gravemente los derechos humanos y las garantías individuales, tanto de la población civil como de quienes integran los propios cuerpos de seguridad.
Y por otra parte de quienes creemos, como dice la Constitución, que la verdadera tarea de las Fuerzas Armadas es defender la seguridad nacional ante amenazas externas, preservar la soberanía, apoyar a la población civil en desastres naturales como ejército de paz y actuar en tiempo de guerra.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas deben dejar de participar en actividades que no son compatibles con sus funciones, tales como el combate al narcotráfico y de seguridad pública.
La reforma de las instituciones policiales, su depuración y profesionalización. Así como la desincorporación de las fuerzas armadas respecto de las tareas de combate a la delincuencia organizada e impedir la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo tendientes a normalizar y ampliar la participación del ejército en tareas de seguridad pública son acciones que el PRD impulsará en el Congreso de la Unión.
El problema de la violencia e inseguridad no se resolverá con militarizar la seguridad pública del país. Por lo que siendo congruentes con el Programa Inmediato de nuestro partido “rechazamos categóricamente” cualquier iniciativa que, violentando la Constitución, pretenda legalizar la participación y control de las fuerzas armadas en situaciones de “afectación a la seguridad interior” ni aceptamos ninguna reforma o política pública que contribuyan a la criminalización de la lucha por las libertades, la democracia o la protesta social, ni seremos copartícipes de la construcción de un Estado autoritario con control militar.
[1] secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_112016.pdf
