PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
Hace exactamente un año, aplaudí la decisión de decretar la alerta de violencia contra las mujeres.
Una responsabilidad asumida por el gobernador, que parecía mandar un mensaje de sensibilidad con la difícil situación que viven las mujeres en Jalisco.
El camino comenzó de forma promisoria: un Gobierno que se comprometía con organizaciones de la sociedad civil, con municipios y que anunciaba un fondo de 25 millones de pesos ante la inminente alerta, que delineaba compromisos y que ponía indicadores de evaluación sobre la mesa.
No importa si la realidad forzaba al gobernador, lo importante era que, por primera vez en muchos años, en Jalisco podíamos hablar de que la violencia contra las niñas y mujeres se convertía en una prioridad gubernamental.
Sin embargo, los buenos deseos se toparon con la realidad. Las buenas intenciones se quedaron en palabras. A un año del decreto los indicadores son lamentables.
De acuerdo a activistas, especialistas y algunas organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno del Estado ha maquillado cifras para mostrar una realidad que no existe. Por ejemplo, en la tipificación de los feminicidios.
El Gobierno de Jalisco insiste en que han disminuido, sin embargo, esto se debe más a que no se están aplicando los protocolos para descartar dicho delito, los pocos avances que se tienen, ha sido una alerta de violencia contra las mujeres, que necesita la articulación del Estado y los municipios.
A un año algunos municipios en alerta de violencia contra las mujeres no han generado los mecanismos respectivos para implementar los consejos municipales para prevenir la violencia contra las mujeres (Tlaquepaque, El Salto, Ameca) a un año las comisarías de los municipios no dejan claros los indicadores para alimentar las bases datos de agresores y los respectivos mapas de violencia, entre otros.
Realmente no sé a quién en el Gobierno o en los municipios le conviene que se socialicen cifras que no son reales y con nulas acciones, ninguno de los tipos de violencia como el acoso, violencia intrafamiliar, disparidad de ingresos o medidas cautelares, deben ser un motín para no cumplir con su función pública.
Urge una articulación institucional, en donde cada nivel de gobierno trabaje para reducir, prevenir y erradicar la violencia existente.
Es tiempo de cambiar la forma de operación y demostrar que es posible reducir los índices de violencia contra las mujeres, cuando los gobiernos se toman en serio su labor.
El mecanismo de alerta de violencia contra las mujeres no tiene partidos ni ideologías políticas.
Los resultados no son los óptimos, pero no todo está perdido. Quienes hemos defendido está agenda, nos comprometemos no sólo a criticar, sino también a participar en lo que sea necesario para encauzar la alerta de violencia contra las mujeres ó de género, hacia los principales problemas que enfrentan niñas y mujeres.
Abatir la impunidad y cambio cultural, deben ser los objetivos en lo inmediato.
Veamos la alerta como una incipiente política de Estado a favor de las mujeres. El presente nos lo demanda.
