PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
A pesar de la injustificada interpretación de que los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones –IFT- supuestamente van en contra del derecho a la libertad de expresión, lo cierto es que estos lineamientos ofrecen el primer avance en la protección de los derechos para quienes ven televisión y escuchan radio, en buena medida a través de la novedosa figura del “Defensor de Audiencias”, que es un instrumento clave para hacer valer los derechos de los consumidores.
Todo, con el objeto de que se transmitan contenidos con responsabilidad. Naturalmente, esto desata la más iracunda reacción de los medios que históricamente hacen lo que se les pega la gana, incluso afectando los derechos de terceros.
La defensoría de las audiencias, además, se crea para dar seguimiento y corroborar el apego al “Código de Ética” autodefinido por cada concesionario –otra medida que repudian-. Estos lineamientos, producto de diversos foros de consulta –durante un año-, solicitan un compromiso –que no quieren asumir- para guardar cuidado con horarios y temáticas que vulneran otros derechos.
Avanzan en la responsabilidad, también, de lo que los medios programan en la pantalla. Por citar un ejemplo, contenidos que en horario familiar no deberían estar recibiendo los niños. ¿Cuántos capítulos con escenas nocivas para los niños pasa la ‘novela de las ocho’?
Incluso toda la apología al narcotráfico que se hace en televisión abierta, durante horarios para toda la familia, o la transmisión de contenidos en horario estelar con asesinatos, violación, violencia explícita contra la mujer y la niñez, consumo sugerente de narcóticos, entre otras linduras… (¿esa es la libertad que buscan mantener?).
El tema de fondo también es el manejo y posterior interpretación de la información que se recibe a través de los distintos medios de comunicación: ¿Se distinguirá ahora entre lo que es una noticia y los comunicados oficiales?
¿Se distinguirá ahora entre lo que es la opinión personal del comunicador y lo que es el verdadero hecho o suceso? ¿Tenemos o no derecho a saber lo que es una entrevista, respecto de un infomercial pagado, que se transmite como publicidad encubierta?
Al final, la defensoría de la audiencia emitirá recomendaciones, ¡no impone nada a los concesionarios!.
Eso sí, los exhibirá cuando vendan gato por liebre, y es lo que les levanta urticaria. Así que no existe, de forma alguna, restricción o mordaza, porque las recomendaciones de la figura del defensor de las audiencias no son vinculantes.
¿En qué momento, entonces, se coartaría la libertad de expresión?
México está muy rezagado en cuanto a la defensoría de las audiencias, y naturalmente que genera molestias y resistencias de algunos concesionarios que les podrían recomendar ser más responsables de lo que transmiten y del modo en que presentan la información.
Tal vez por ello, hoy se tiende a ‘sensacionalizar’, con interpretaciones fuera de lugar, sobre los necesarios derechos y la indispensable defensoría de las audiencias (quienes ven televisión y escuchan radio ¿no deben tener derechos?).
Los lineamientos aprobados por el IFT son, apenas, una primera aproximación a lo que debería ser una legislación explícita que proteja los derechos que tiene la audiencia mexicana de televisión y radio.
Se trata de un avance, incompleto aún, que fortalece la responsabilidad de los concesionarios que emiten contenidos, y, por primera vez, establece los primeros – mínimos- derechos que tienen los consumidores de televisión y radio.
Incluso, el acceso a los contenidos de los medios, para personas con otras capacidades, también es tema de estos lineamientos.
De igual manera se solicita distinguir mediante anuncio sonoro o imagen, cuando un contenido, transmisión, programa o comercial sea patrocinado por alguien (pagado).
Que se definan, aunque sea de manera laxa y ambigua, por primera vez, los derechos de las audiencias no es, de ninguna forma, una restricción de la libertad de expresión.
Por el contrario… supone un necesario avance en la responsabilidad de quienes emiten contenidos y explotan para ello un bien público nacional: el espacio radioeléctrico.
