El Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, vivió ayer martes el día más complicado de su mandato, después de que el Congreso le retirara la inmunidad y un juez dictara una orden de arraigo en su contra, por lo que la única salida que le queda, como él mismo dice, es enfrentar la Justicia.
Nada más conocer que los 132 diputados presentes en el Congreso decidieron por unaninimidad -sin ninguna abstención- quitarle el fuero al Presidente, la Fiscalía pidió una orden de arraigo que un juez decidió otorgar en pocos minutos. El objetivo, según explicó la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, es garantizar la presencia de Pérez Molina en el país durante el “proceso penal” en su contra ya que existe “el riesgo” de que salga del país.
Aunque por el momento esta es la única medida que se decidió adoptar, Aldana no descartó “en un corto plazo” solicitar la prisión preventiva. La causa contra el mandatario inició el pasado viernes 21 de agosto, día en que el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron un antejuicio contra el Presidente por tener pruebas suficientes para considerarlo uno de los líderes de la red de corrupción aduanera denominada “La Línea”.
Otras 28 personas están acusadas de participar en esta red criminal que defraudó millones de dólares al Estado, entre ellas su ex Vicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya está en prisión. Este martes el Congreso fue el encargado de agilizar el proceso judicial contra el mandatario y permitir el inicio de una investigación en su contra.
