En el ex Día del Presidente, y horas antes de que Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) entregara al Congreso de la Unión el documento con el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la Ciudad de México fue escenario de mitines y movilizaciones de protesta contra la actual administración, aunque debido a la lluvia que cayó esta tarde en diversas zonas del Distrito Federal más concentraciones programadas se diluyeron, informa el portal de SinEmbargo.
Por la mañana, los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos forzadamente hace casi un año en Iguala, Guerrero, presentaron un “Contra Informe” en el que denunciaron que el Gobierno federal ha conducido al país a una crisis de derechos humanos, de la que el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa significa “la peor y más indignante atrocidad” en la historia reciente. “Sintetiza”, dijeron, “la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos”.
En ese ataque, se dijo, además de la desaparición de 43 estudiantes, fueron asesinadas seis personas. Asimismo cuestionó la versión que dio la Procuraduría General de la República (PGR). “El día de hoy ya nadie cree en la versión oficial de la supuesta ‘verdad histórica’ de la PGR que intenta convencernos de que la narco delincuencia fue la responsable de todo y que ya hay que dar la vuelta a la página”, plantearon los padres.
El “Contra Informe”, elaborado en conjunto con organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Frente Popular de la Ciudad de México, hizo un recuento de lo que ha significado para el país la implementación de las llamadas reformas estructurales impulsadas por el Gobierno federal. El texto menciona que las reformas han propiciado la privatización, la pérdida de la soberanía, el aumento del desempleo, el “saqueo” de recursos naturales y “despojo” territorial, la destrucción de ecosistemas, y la criminalización de los movimientos sociales y uso de “medidas de excepción” para legitimar el uso de la fuerza.
