Por Eugenia Barajas
El coordinador del grupo parlamentario de la revolución democrática, Enrique Velázquez justificó la petición de denuncia penal contra de los dos ex Secretarios Generales del Congreso del Estado, Carlos Corona Martín del Campo y de José Manuel Correa Ceseña, por el pago sin autorización, de 30 millones de pesos a una empresa para recuperar impuestos.
En la Junta de Coordinación Política el perredista dio a conocer pormenores de la revisión que hizo de la denuncia que presentó el Partido Acción Nacional, sobre la empresa Sistemas Administrativos Empresariales (SAE) y el contrato con el Congreso, donde se desprende que los entonces Secretarios no se encontraban facultados para realizar dichas operaciones.
«Que en el contrato de fecha 05 de agosto de 2010 se invoca un acuerdo 1933/07 del cual no existe antecedentes de tal acto jurídico y además pertenece a la legislatura LVIII, la nomenclatura utilizada no concuerda con la utilizada por esta Soberanía para los actos que emite», mencionó.
Agregó que el contrato podría ser incompatible con a la ley, pues en dado caso que se recibiera algún beneficio sobre ISP debería ser derecho exclusivo para el trabajador y el benefició para él, además se observa la firma de dos testigos, sin embargo, no existe certeza de quienes son los testigos pues no se señala el nombre de ellos.
«No se llevó a cabo el procedimiento de adquisiciones que señala el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, igualmente en el convenio modificatorio presenta inconsistencia respecto la fecha de suscripción del contrato que modifica, es decir, mientras la fecha señalada de suscripción del contrato es el cinco de agosto de ese mismo año, el convenio señala que modifica un contrato que fue celebrado el 31 de julio de 2010 lo que no corresponde con los documentos.
«Por lo anterior se propone presentar denuncia penal, ejercer acción civil e iniciar pprocedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes autorizaron, adquirieron, celebraron, contrataron y suscribieron convenio de prestación de servicios con la empresa SAE y pagaron sin la autorización previa y específica del órgano del Poder Legislativo facultado para ello, por la posible comisión de actos y omisiones en perjuicio del erario público», sentenció.
