PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinoza
En días pasados, México Evalúa publicó el estudio “Hallazgos 2021: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, del que se desprenden datos reveladores respecto de Jalisco.
En cuanto al ‘Índice de Impunidad y Grado de Efectividad del Sistema de Justicia Penal 2021’ se destaca que, en Jalisco, la impunidad de los delitos registrados el año pasado ascendió al 95.4%, ¡para ubicarse en el 7º lugar del ranking nacional!
Podría decirse que la impunidad es la falta de sanción o castigo para un delito, debido a cuestiones de hecho, o bien, de derecho.
Esto quiere decir que la impunidad no sólo se explica en función de un deficitario, insuficiente o ineficiente diseño institucional en términos de procuración e impartición de justicia (factor ‘de jure’); sino que, preponderantemente, obedece a la indebida concertación de voluntades gubernamentales para evitar el castigo o sanción al trasgresor de la Ley (factor ‘de facto’).
Más aún, es importante mencionar que, la impunidad de los delitos, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sólo violenta los derechos humanos de las víctimas de un delito (p. ej. robo, corrupción, secuestro, extorsión, homicidio, desaparición forzada, etc.), sino que auspicia o favorece la ‘violación serial’ de éstos, toda vez que “la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas”.
Por esta razón, la ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rose-Marie Belle Antoine, llegó a mencionar que “prevenir la repetición de delitos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad”.
No obstante, habría que decir que la impunidad se explica, en principio, por la “no denuncia de los delitos” —debido a causas atribuibles a la autoridad (desconfianza, trámites tortuosos, revictimización, dilación en la investigación, etc.)— y “la no investigación de los delitos”. Este binomio constituye la ‘cifra negra’, que en Jalisco asciende al 93% (INEGI: 2022).
Aunque la impunidad, también, obedece a la deficitaria ‘capacidad institucional instalada para combatirla’, esto es, a la insuficiencia como a la falta de capacitación de policías —que prevengan los delitos—, y de fiscales o ministerios públicos —que los investiguen debidamente—.
Todo ello incide en la investigación, persecución y captura de quien delinque. Y, finalmente, la impunidad se origina por el deliberado sesgo en las sentencias de jueces y magistrados para condenarlos apropiadamente (impartición de justicia).
En ese sentido, conviene destacar que, de acuerdo con México Evalúa, el presupuesto institucional del Gobierno del Estado de Jalisco, en materia de Seguridad y Justicia, medido en ‘tasa’, esto es, “por cada de 100 mil habitantes”, es el siguiente:
i) 51.6 millones de pesos (mdp) en seguridad pública, cuando la media nacional es de 118.6 mdp; ii) 27.4 mdp en su Fiscalía, cuando la media nacional es de 51.9 mdp; iii) 1.7 mdp en su Defensoría, cuando el promedio nacional es de 2.7 mdp;
iv) 516 mil pesos en su Comisión Estatal de Víctimas, cuando el punto medio nacional es de 1.5 mdp; y v) 22.6 mdp en su Poder Judicial, cuando la media nacional indica un presupuesto de 89.2 mpd. Records francamente deplorables para la circunstancia de inseguridad de Jalisco.
Por esta razón es que en Jalisco: el ‘número de policías estatales por cada mil habitantes’ es de apenas 0.3 —el 5to más bajo del país—, cuando la media nacional es de 0.9; el ‘número de policías ministeriales o investigadores por cada 100 mil habitantes’ es de 15.9, cuando la media nacional es de 21.1; el ‘número de fiscales o agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes’ es de 7.4, cuando el promedio nacional es de 12.8; y, finalmente, el ‘número de personas juzgadoras en el Sistema de Justicia Penal por cada 100 mil habitantes’ es de 0.8, cuando el promedio nacional es de 1.2.
Al respecto, conviene recordar, aquella icónica frase de la jurista alemana y ex ministra federal de justicia del mismo país, Herta Däubler-Gmelin: “la impunidad es sencillamente lo contrario al Estado de Derecho”.
