HABLEMOS DE DERECHOS
Salvador Romero
Sandra Xantall Cuevas Nieves (Sandra Cuevas), Alcaldesa de Cuauhtémoc, una de las delegaciones más importantes de la Ciudad de México, cuyo triunfo con casi el 50% de los votos en las elecciones del 2021 fue considerado por propios y extraños como un durísimo golpe a Morena, se encuentra separada de su cargo como alcaldesa, en virtud de la orden de una jueza que determinó vincularla a proceso penal.
Capta enormemente mi atención que los supuestos delitos de robo con violencia, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad cometidos por Sandra Cuevas son derivados exclusivamente de los testimonios de dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, empleados del gobierno capitalino, lo que inevitablemente nos hace pensar en un posible conflicto de intereses derivados de la rivalidad política pública que tiene la hoy procesada con la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Los hechos narrados por ambos elementos son en pocas palabras los siguientes: El viernes 11 de febrero del 2022 a las 8 pm, fueron ambos elementos a la oficina de la Sandra y ella, estando muy furiosa, les quitó sus radio-comunicadores y les reclamó por su forma de actuar respecto al reacomodo del ambulantaje, diciéndoles que eran unos traicioneros “pocos huevos”, y dándoles en el acto diversas cachetadas que supuestamente derivaron en que uno de ellos tuviera que ser internado al día siguiente y se le hubiera ordenado utilizar un collarín ortopédico.
Cabe destacar que en cualquier estado democrático es sumamente delicado que se criminalice cualquier forma de interacción o resistencia ante los abusos policíacos, al grado que para evitar que exista discrecionalidad en el uso de la fuerza pública, los cuerpos policíacos de muchos países democráticos son obligados a utilizar de manera permanente una videocámara en sus interacciones oficiales con cualquier otra persona.
Además de lo anterior, países como Estados Unidos de Norteamérica reconocen expresamente que, de conformidad con la Primera Enmienda de su Constitución Política, toda persona tiene el derecho de videograbar a cualquier integrante de los cuerpos policiacos cuando estén ejerciendo sus funciones públicas, tales como la persecución o arresto de cualquier persona.
En nuestro propio país, en el año 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad del delito de “ultrajes a la autoridad” previsto en el artículo 287 del Código Penal del entonces Distrito Federal, por considerar que dicho delito ha sido usado de forma reiterada por las autoridades de la Ciudad de México para criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
Hace unos días, la propia SCJN ratificó ese criterio, declarando inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad” en el estado de Veracruz, que ha sido utilizado para detener y mantener en prisión a más de mil personas en dicha entidad, sin que exista una sentencia que los haya condenado formalmente.
En ese contexto me parece muy grave lo que le está sucediendo a Sandra Cuevas porque técnicamente nos podría pasar a cualquier persona, pue resulta sumamente preocupante en cualquier Estado de Derecho, que sea suficiente que un policía te denuncie -sin aportar pruebas- por supuestas agresiones verbales y/o físicas (sin importar que la supuesta agresora sea mujer y pese 40 kilogramos menos que el agredido, como en este caso), para que alguna Fiscalía determine vincularte a proceso y para que una jueza decrete medidas cautelares como prisión preventiva (tal y como ha sucedido en miles de casos en Veracruz) o la suspensión del cargo público (como en este caso) en lo que «te juzgan». ¿Y la presunción de inocencia?
Finalmente, lo sucedido a Sandra Cuevas -apenas unos días después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer- también me parece grave para la lucha social por la igualdad sustantiva y para que las mujeres accedan a cargos públicos de elección, sobre todo porque ella ha acusado cuando menos a tres mujeres de estar detrás de esta “cacería” para despojarla de su puesto como Alcaldesa de Cuauhtémoc que ganó en las urnas democráticamente en 2021: A Claudia Scheinbaum, a Dolores Padierna y a Elma Marauri Carballo, la jueza de control que determinó separarla de su cargo como Alcaldesa. ¿Y la sororidad?
Presidente ciudadano ITEI Jalisco
@chavaromero
