PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinoza
Reformas de ‘epidermis’
A inicios de este siglo, cuando empezaba a discutirse y legislarse la transparencia, comentócratas, intelectuales, ‘transparentólogos’ y organizaciones de la sociedad civil, advertían que ello supondría un duro acicate para los gobiernos.
Que disminuiría de manera gradual la lacerante corrupción en México. No obstante, ocurrió exactamente lo contrario. Con el acceso a la información se garantizó el derecho, cierto, pero no disminuyó la corrupción en el sector público. Según Transparencia Internacional, aumentó en las últimas dos décadas.
De modo que la transparencia mediatizó la corrupción, aunque ello no derivó en un régimen más eficaz, que sancione a los corruptos.
Lo mismo que ocurrió con la introducción de los ‘diputados de partido’ (‘62), y los diputados de RP en México (‘77): no surgieron de una auténtica convicción democrática propuesta por los presidentes del PRI para “auspiciar la pluralidad en México”, sino como la fórmula perfecta que llevó a ‘oxigenar’ 26 años más de vida (hasta 1988) a un sistema político autoritario y hegemónico de partido, con el objeto de legitimar todos sus triunfos con la inclusión de los líderes de la oposición en ‘las mieles del poder’. «Si queremos que todo siga como está, es necesario que cambie»: di Lampedusa.
Al parecer, lo mismo ocurre con el Sistema Nacional Anticorrupción, y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA’s). MURAL publicó, en días pasados que, de 2018 a la fecha, se han hecho cuatro mil 047 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción; no obstante, ésta se abstuvo de investigar en mil 701 denuncias, es decir, en el 42% de ellas.
Lo peor del caso es que apenas han sido judicializadas 164 (4%). Mientras que solo cuatro de ellas concluyeron en sentencias condenatorias. Es decir, se trata de una eficacia sancionadora de la corrupción de apenas 0.09%. A contraluz de sus resultados, la pregunta subyacente es: ¿Cuánto cuesta el Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco? Únicamente en 2022, nos totalizará 104 millones 654 mil 946 pesos.
Podría pensarse que este costo, respecto de sus raquíticos resultados, es evidencia de fracaso. Todo lo contrario. Lo que denota es éxito. ¿Por qué? Porque el SNA y los 32 SEA’s fueron un diseño engañoso, embaucador, alentado precisamente por el presidente más corrupto de la historia reciente: Peña Nieto.
Se trató de incluir a las mismas instituciones, sin normar la selección de los perfiles e integrantes, aunque con la ingeniosa adenda de un CPS y una Secretaría Ejecutiva y una Fiscalía Anticorrupción, para así dar voz, voto y ¡nómina! (por prestar el nombre) a las organizaciones de la sociedad civil.
El Sistema Anticorrupción surgió para aparentar que se combate, lo que se alienta en realidad (las cifras hoy son categóricas). Como afirma Rodrigo Borja: “reformas meramente cosméticas, ociosas o de distracción que se proponen para mantener incólumes los privilegios sociales y económicos de los manipuladores de esas reformas de epidermis”.
Estos ‘sistemas’ acusan un esbozo afinadamente calculado para que no actúen, como el paso del tiempo lo constató. Pero su sola existencia ayuda a fingir, simular, aparentar que se hará, eso que la clase política no está dispuesta a renunciar. Falló el diseño, pero también, la voluntad política.
