PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
El Índice de la Democracia elaborado por la revista The Economist, ubicó a México en la categoría de “regímenes híbridos”, un escalón menos que el de “regímenes autoritarios”.
The Economist es una revista con sede en Londres, Inglaterra, que estudia las relaciones internacionales y de la economía en el marco de la globalización. En la edición 2021 de este estudio, el medio inglés coloca a México en el lugar 86, de un total de 167 analizados, con una calificación de 5.57, de un total de 10.
“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó sus esfuerzos por concentrar poder en la rama ejecutiva. En agosto, López Obrador dijo que buscaría una reforma total de las autoridades electorales del país, al considerar que están parcializadas contra su gobierno, y dijo que están ‘al servicio de la antidemocracia”, apunta The Economist.
Sostiene además que López Obrador “incrementó sus ataques contra los medios y se ha vuelto cada vez más intolerante con sus críticos, incluyendo aliados. Los elevados niveles de la violencia de los cárteles tuvieron un impacto en las elecciones de medio término en junio y representaron riesgos crecientes para la democracia mexicana”.
“La categorización de México como un ‘régimen híbrido’ en vez de ‘democracia deficiente’, plantea una mayor erosión de la democracia en México, según el análisis.
No le falta razón a The Economist. En los últimos meses, el presidente de la República ha estado enfrascado en una descalificación constante de los órganos autónomos, que no están bajo su autoridad, en especial contra el Instituto Nacional Electoral, con el que ha sostenido desencuentros por la consulta sobre la revocación de mandato. En la mañanera del 15 de febrero, el titular del Ejecutivo Federal volvió a insistir en que los órganos autónomos deben desaparecer.
Esta advertencia la hizo en el marco de su petición al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al que solicitó investigar los ingresos del periodista Carlos Loret Mola, en represalia a la investigación realizada por Latinus de la residencia en Houston, Texas, en la que vivió su hijo José Ramón y su familia, propiedad de de Keith Schilling, exejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual tiene contratos multimillonarios vigentes con Pemex.
A la petición presidencial, ya respondió, pero en sentido contrario, el Consejo Consultivo del INAI, al solicitar al Instituto iniciar un procedimiento de oficio para garantizar el derecho a la protección de datos personales en el caso de Carlos Loret de Mola.
Pero estos son solo dos ejemplos, en realidad hay claros indicadores de una alta concentración de poder en el Ejecutivo Federal, de la vulneración del Estado de Derecho, el debilitamiento de la división de poderes y el federalismo, el uso político de las instituciones y una constante violación a los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión.
Lamentablemente, la radicalización presidencial es probable que lleve a un mayor deterioro de la democracia. Apenas a la mitad de su mandato, Andrés Manuel ha asumido una actitud intolerante ante las críticas por la falta de resultados de su gobierno y los escándalos de corrupción en su gobierno.
No sólo ha perdido credibilidad y confianza, sino tiempo valioso para combatir los preocupantes problemas de la nación. Mientras el presidente se afana en cubrir a su hijo con un manto de impunidad, la estabilidad del país deteriora por la ausencia e ineficacia de su gobierno.
