PERSPECTIVA21
Verónica Juárez
La ratificación del Senado de la República, de Graciela Márquez Colín, como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), propuesta por el Titular del Ejecutivo; es parte de la determinación de López Obrador de controlar las instituciones, con cierto grado de autonomía, a fin de evitar cualquier crítica a su gestión.
Si bien es una facultad del Ejecutivo designar a los integrantes de la Junta de Gobierno de este Instituto, la decisión del titular del Ejecutivo de no proponer la reelección de Julio Santaella como presidente, se percibe como un acto de represalia por haber puesto en evidencia los malos resultados en la ejecución de varias políticas públicas del actual gobierno, particularmente las que tienen que ver con salud y economía.
De tal manera que Márquez Colín se perfila como nueva titular del INEGI y es muy probable que busque un giro en las decisiones de la Junta de Gobierno del Instituto que, en el periodo de Santaella, fue el único organismo cuya información contrastaba con los “datos” manejados por AMLO en las mañaneras.
En agosto de 2020, por ejemplo, el INEGI, anunció que la economía nacional registró una caída anual de 18.7% en términos reales como consecuencia del confinamiento.
En el balance que hizo del Producto Interno Bruto (PIB), el Instituto informó que esta caída era la caída más aguda para la actividad económica de un segundo trimestre, consecuencia de las medidas de distanciamiento social y cierre voluntario de negocios para limitar la velocidad del contagio por el Covid-19.
Y a pesar de que reconoció el impacto negativo en la economía por la crisis sanitaria, López Obrador no reculó en su estrategia e ignoró las alertas del Instituto
y los llamados de diferentes sectores para que su gobierno apoyara a las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), sostén de la economía; ni tampoco aceptó que se otorgara un Ingreso Único Vital a las y los trabajadores y a todas las personas desempleadas o afectadas económicamente por la pandemia.
Las consecuencias están a la vista. A noviembre de 2021, la inflación en México superó el 7%, la cifra más alta en 20 años. Mientras que, de acuerdo con el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021 (EDN 2021), en poco más de dos años, de mayo de 2019 a julio de 2021, un millón 583 mil 930 Mipymes en el país cerraron sus puertas definitivamente,
En materia de salud, el INEGI siempre puso en duda las cifras de personas contagiadas y decesos por COVID-19, que daba el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud.
En enero de 2021, el organismo dio a conocer que durante el periodo que va de enero de 2020 a marzo de 2021, hubo 52.9% más muertes de las esperadas y hasta ese momento se desconocía exactamente cuántas fueron provocadas por COVID-19.
Haciendo una correlación con la información registrada durante el periodo de 2015 a 2019, se esperaban de enero de 2020 a marzo de 2021 un total de 940,329 defunciones y ocurrieron 1,437,805, de tal manera que el exceso de mortalidad fue de 497,476 muertes.
La Secretaría de Salud, particularmente López Gatell, siempre proporcionó cifras mucho más bajas de muertes por Coronavirus en este periodo, finalmente, ante las críticas, tuvo que aceptar que las cifras oficiales eran sólo una parte de las reales.
Así que, la decisión de López Obrador, se asume como el intento de controlar y acallar a un organismo, que, con datos duros, evidenció el fracaso de sus decisiones económicas y de su estrategia para contener la pandemia.
Junto con los ataques al Instituto Nacional Electoral y la amenaza de llevar a juicio a los consejeros, la toma del INEGI afianza la decisión de López Obrador de concentrar en el Ejecutivo un poder que no acepta la más mínima crítica y mucho menos un cambio en el gobierno, a pesar de contundentes fracasos.
