PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinoza
En días pasados, fue publicado el estudio Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, elaborado por Impunidad Cero, del que se advierte lo siguiente.
Jalisco ostenta la 5ta menor tasa de fiscales o agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes, lo que favorece la impunidad en los delitos, toda vez que aumentan las cargas de trabajo por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia y, con ello, se compromete la calidad de las investigaciones.
Esto evidencia el momento crítico por el que atraviesa el Estado de Derecho en nuestra entidad, en términos de la ‘capacidad instalada’ de nuestro sistema de procuración de justicia.
Adicional a ello, Jalisco registra el 10mo ‘presupuesto per cápita más bajo ejercido por procuradurías y fiscalías estatales’ de todo el país. No obstante, lo más alarmante del caso es la observación que hace ‘Impunidad Cero’ respecto de nuestra entidad, al concluir: “destaca el caso de la Fiscalía de Jalisco, la cual ocupaba los primeros lugares en ‘presupuesto per cápita’ durante 2016, 2017 y 2018”, no obstante, en 2019 y 2020 “tuvo una disminución en su presupuesto per cápita” que representó “una reducción del 60%” respecto del ejercido en 2016. Alarmante, sin lugar a dudas.
Con relación a la ‘transformación digital’ de las instituciones encargadas de procurar justicia a nivel estatal —el cual refiere a la incorporación de las TIC’s en los procesos de denuncia en las 32 fiscalías y/o procuradurías—, se advierte que Jalisco NO cuenta con un solo avance en tres de sus cinco indicadores de evaluación:
i) ‘existencia de plataformas de denuncia en línea’ [aunque 12 entidades ya cuentan con una, entre ellas Oaxaca];
ii) ‘existencia de canales alternativos de recepción de denuncias’ [sin embargo, 21 entidades ya cumplen con este criterio, como Guerrero] y
iii) ‘capacitaciones sobre sistemas de información a los agentes del MP’ [a pesar de que 13 entidades documentan hacerlo, como Michoacán]. Por esta razón, Jalisco ocupa el 5to peor lugar, a nivel nacional, respecto del Índice de Transformación Digital en procuradurías y fiscalías estatales.
En todo caso, los datos más preocupantes para Jalisco se relacionan con dos indicadores.
El primero, tendría que ver con la ‘probabilidad de esclarecimiento’ para los delitos en nuestra entidad, en donde se observa que apenas el 1.11% del total de delitos cometidos en territorio jalisciense es esclarecido.
El segundo, sin embargo, tendría que ver con la ‘impunidad en homicidio doloso’ —considerado delito de alto impacto—, toda vez que el 86.2% de los asesinatos cometidos en Jalisco, no logran ser sancionados penalmente.
Bien podría decirse que, actualmente, son tres los principales problemas laceran la vida pública de Jalisco y México: inseguridad, impunidad y corrupción.
Factores interrelacionados e interdependientes que constituyen la ‘tríada seguridad y justicia’.
No obstante, la respuesta del Estado Mexicano, hasta ahora, ha tenido que ver con el enfoque netamente policíaco y militarista, para desdeñar el fortalecimiento institucional en la procuración, impartición y administración de justicia [ésta última relacionada con la designación, vigilancia y control de jueces y magistrados].
