PERSPECTIVA21
Verónica Juárez
Las denuncias contra un grupo de 31 de exfuncionarios e investigadores del Conacyt e integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), por presuntos malos manejos de recursos públicos, se ha convertido en una campaña de linchamiento no sólo contra este grupo sino, en general, contra miembros del sector científico y de la academia; a los que presidente acusa de corruptos, “privilegiados”, y de apoyar a los gobiernos neoliberales.
Como es su costumbre, López Obrador ya juzgó, condenó y exhibió públicamente al grupo de exfuncionarios e investigadores, cuando apenas el proceso está en marcha y el propio Poder Judicial rechazó las solicitudes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República; argumentando que no había elementos suficientes para configurar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Más allá de los resultados que arroje la indagación, Andrés Manuel ha convertido este tema en un asunto mediático, usando facciosamente las instituciones, violando con ello los derechos humanos de las y los involucrados.
La cuestión no es si son responsables o no, eso lo tendrá que determinar un juez, el grave problema es que López Obrador está utilizando todo el peso del Estado para influir en el curso legal y condenarlos.
Y lo está haciendo con saña y crueldad, al solicitar sean enviados al Altiplano, una cárcel de seguridad extrema en donde están recluidos reos de alta peligrosidad, en su mayor parte vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.
Es evidente que el Fiscal Alejandro Gertz Manero, y la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla; sólo siguen las instrucciones que López Obrador les envía en las mañaneras desde Palacio Nacional, lo que resulta en un lamentable intento de pervertir la justicia.
En sentido inverso a este despropósito, está el trato terso y cómplice que López Obrador otorga a personajes como Emilio Lozoya y a sus propios hermanos e integrantes del gabinete, vinculados a presuntos actos de corrupción a los que no toca ni con el pétalo de una rosa. Por el contrario, los defiende con la misma energía con la que condena a otros.
Andrés Manuel presume que la aplicación de la justicia en el combate a la corrupción debe ser pareja, aunque se trate de personajes con grados académicos y promotores de la ciencia; pero en el fondo, lo que reafirma con esta persecución es el rancio “oscurantismo”, que ha manifestado desde que asumió la presidencia de la República.
En estos tres años disminuyó presupuesto público a la ciencia e investigación, desapareció fideicomisos que financiaban estas actividades, desmanteló organismos vinculados al sector, eliminó y redujo becas, recortó plazas y minimizó los resultados científicos; al grado de que sostuvo que un “escapulario” protegería a la gente contra la Covid-19.
Hay, en el presidente, una declarada animadversión a la ciencia, la innovación tecnológica y la difusión del conocimiento, que proyecta en sus decisiones públicas.
Nadie se opone a la aplicación de la justicia, pero ésta no puede estar al arbitrio del presidente, ni mucho menos se debe permitir que se use como pretexto para violar el debido proceso y satisfacer prejuicios del Ejecutivo.
